La Fiscal superior del País Vasco reclama en el Parlamento un grupo en la Ertzaintza especializado de menores

Adán ha comparecido ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco, donde ha presentado la Memoria de Actividades de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al año 2023 --que ya dio a conocer el pasado mes de septiembre--, y entre otros asuntos, ha destacado la situación de los menores que bien son autores de delitos o víctimas.

Respecto a los menores víctimas, ha explicado que la Fiscalía ha detectado que los más frecuentes son los delitos contra la libertad sexual y la violencia filoparental. «Es rara la guardia en la que no hay una llamada por delito contra la libertad sexual en el ámbito de menores», ha añadido.

En los delitos que más son cometidos por menores, están los de patrimonio, lesiones, libertad sexual, salud pública y seguridad vial. Además, ha subrayado que «la tendencia es que van en aumento», los expedientes son «cada vez de mayor gravedad», y tienen «mucha repercusión social».

«Las denuncias relacionadas con delitos contra la libertad sexual, que han crecido notablemente, aun tienen el problema de que se constata en muchos casos que son menores de 14 años, que es el límite sobre el cual no podemos actuar con la Ley del Menor», ha explicado.

Según ha detallado, se trata de «conductas sexualizadas tempranas que tienen otro ámbito de respuesta que no es el de la Fiscalía», y ha indicado que, en algunos de estos delitos, se subraya por los delegados de menores, que algunos de ellos se han cometido en centros de acogida por menores tutelados.

Cuestionan que sean mixtos

«No cuestionamos que la entidad pública o las diputaciones lo hayan hecho mal; por el contrario, han denunciado rápidamente, han llevado a la víctima a los programas adecuados de protección, pero los delegados mantienen cierto cuestionamiento al hecho de que el modelo sea de centro de acogida mixto. Es una conclusión a la que se llega por los delegados de menores, pero obviamente es una decisión administrativa y no consideramos que podamos estar en posición de la verdad. Es una reflexión que se hace, visto los casos que se han producido», ha explicado.

Sobre los delitos de acoso escolar, ha señalado que «sucede algo parecido», ya que «casi la mitad se archivaron por ser los autores menores de 14 años, en algún caso, además con acosos escolares graves en los que ha habido también agresiones sexuales». También ha indicado que están afectados todo tipo de colegios: públicos, privados, de capital, de pueblos, por lo que «no es posible determinar un patrón».

«En estos delitos, tanto los de libertad sexual como acoso, las víctimas suelen ser preferentemente niñas o jóvenes, y además, muchas veces de edades entre 10 y 14 años que están sometidas a una especial vulnerabilidad y en las que se constata que ya desde la edad de 10 años tienen acceso a los móviles o disponen de conexión a Internet», ha resaltado.

Grupo especializado en la ertzaintza

Carmen Adán ha insistido en que «sigue habiendo un déficit importante en esta Comunidad Autónoma en la investigación», ya que «no hay grupo especializado de menores en la Ertzaintza», algo que considera «absolutamente necesario».

«Como Fiscal Superior, cuando entró en vigor la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, remití hace casi dos años, una petición escrita a la Consejería de Seguridad para ver de qué manera se iba a plasmar la obligación legal que venía en esta norma de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran siempre un grupo especializado para la investigación, detección y prevención en materia de actuación sobre los menores víctimas de violencia; y la contestación al cabo de ya varios meses fue la de crear una especie de punto focal o coordinador en cada territorio para que los delegados de menores pudieran contactar con él», ha señalado.

Para Adán, «no es esto lo que demanda la situación», y ha insistido en la necesidad de contar con una «especialización y avanzar en ella» porque «nadie puede ser ajeno a lo que está sucediendo con los menores». «Esta es una situación muy grave, no solo en la medida en que estamos hablando de víctimas, sino de nuevos patrones de autorías delictivas», ha enfatizado.

Tal como ha manifestado, la Fiscalía «es verdad que investiga los delitos que cometen los menores, que también tiene una especial obligación en la protección de víctimas menores, y tiene además unas leyes y unas normas que ayudan, pero eso no es todo». «Necesitamos que se avance en la Policía porque eso es lo que permite que tengamos respuestas», ha añadido.

Por otro lado, ha insistido en la situación de los menores y redes, ya que «las nuevas aplicaciones y la inteligencia artificial están al alcance de los menores, actúan con ellas y a través de ellas, y ha cambiado la forma de relación entre ellos».

La Memoria de Fiscalía recoge la «preocupación por el aumento de menores con acceso a redes sociales», ya que «acceden a edades muy tempranas y lo que constatan los casos es que no tenían limitación y control de los contenidos por parte de los actores responsables de los mismos o que ese control era muy superficial, y que el uso era a cualquier hora del día, de la noche y que se actuaba, se enviaba información, fotografías, incluso en horario escolar».

«Los menores se están colocando en una posición especialmente vulnerable, en cuanto a menores víctimas, pero también ese uso de redes está dando lugar a un nuevo tipo de autor, no sólo al que comete delitos al menor a través de las redes, con comunicaciones, sino a un autor que genera una realidad alternativa», ha explicado.

"extrema crueldad y muy agresivos"

Según ha señalado, «este autor, con la sensación de impunidad o de anonimato llega a adoptar en la realidad virtual, no física, unas posturas y unos papeles que no son los que adoptaría en el ámbito físico, pero que son generalmente de extrema crueldad y con comportamientos muy agresivos».

«Lo hemos visto en delitos de odio, de amenazas, en delitos contra la libertad sexual, y cada año tenemos más denuncias en este aspecto», ha insistido.

Por ello, ha defendido que «tiene que haber una mayor limitación de edad, de acceso a dispositivos, y que esa limitación sea mucho más clara en algunos ámbitos y horarios como los escolares».

«Hace ya bastantes meses sabemos que ese es el debate y que la ley que se está ahora debatiendo en el Congreso para la protección de menores en el ámbito de Internet va en esa línea de ampliar los 16 años la autorización para estar en redes, y que serán necesarios controles parentales, que necesitaremos verificadores de edad», ha señalado.

No obstante, ha insistido en que la obligación de la Fiscalía es «actuar y prevenir», y cree que, para eso, es necesario contar una Policía especializada en este ámbito.