El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha solicitado al Gobierno «la exención total de impuestos» para las ayudas a personas y empresas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. Ha pedido «IVA cero» para la reposición y reparación de vehículos, así como para la rehabilitación de viviendas dañadas, además de que las ayudas de las empresas a sus empleados «se declaren exentas» en el caso de que sean consideradas rentas del trabajo.
Así lo ha expuesto en su intervención en la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en el Palacio de la Magdalena de Santander, donde ha trasladado su «clara voluntad de escuchar, aportar y enriquecer el proyecto común de España que exige la suma del esfuerzo de todas las administraciones», informa la administración autonómica.
Mazón ha propuesto al Gobierno la ejecución de «un plan nacional contra inundaciones desde el diálogo, el consenso y la participación y beneficio de todos los españoles» que evite o minimice riadas u otros desastres similares, además de la creación de un fondo estatal extraordinario para catástrofes.
Según ha explicado, el objetivo de estas propuestas es la puesta en marcha de medidas y políticas para afrontar las catástrofes naturales, atendiendo a la prevención, el refuerzo de sistemas de defensa climática e hidrológica y mejorar la respuesta a situaciones de emergencia en el caso de que se produzcan.
Para Mazón, este plan debe incluir las infraestructuras necesarias para hacer frente a los riesgos de las avenidas, la mejora de los sistemas de alerta temprana, avisos, protocolos de protección civil y el fomento de la cultura de la emergencia entre la sociedad.
En el caso del fondo extraordinario nacional para catástrofes, que ha pedido que se constituya a través de una ley, su fin es evitar el endeudamiento a las administraciones que tengan que afrontar una catástrofe y «permitir inmediatez en la respuesta con la concesión de ayudas, indemnizaciones y fondos de primera necesidad de manera automática».
Fondo de nivelación
Por otro lado, el jefe del Consell ha vuelto a solicitar un fondo complementario de nivelación transitorio financiado con recursos del Estado para «dejar de estar a la cola de la financiación hasta la reforma del sistema». La financiación, ha recordado, va dirigida a la sanidad pública, la educación o los servicios sociales.
«Este fondo de nivelación garantizaría a los valencianos, alicantinos y castellonenses la misma financiación que la media mientras se consigue la reforma definitiva del modelo de financiación», ha defendido, y ha asegurado que su objetivo es «garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos para todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan».
Además, ha exigido de nuevo que la reforma del modelo de financiación sea acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «con luz y taquígrafos, desde el rigor y con la aportación de todos para alcanzar un sistema justo, equitativo y solidario, frente a cesiones para que el Gobierno pueda encajar el cupo independentista en perjuicio de los demás».
Durante su intervención, ha abogado por «mayor cogobernanza en la gestión de fondos europeos y respetar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas». «En la Comunitat Valenciana estamos demostrando con hechos que bajar impuestos a las rentas medias y bajas forma parte de la mejor política fiscal y contribuye a ayudar a las personas que más lo necesitan», ha resaltado.
Más profesionales sanitarios
En el ámbito sanitario, Mazón ha destacado la necesidad de «un modelo de gestión ante emergencias» que contemple, entre otras acciones, nuevas tecnologías para el control y seguimiento de pacientes, riesgos epidemiológicos y de salud mental, además de exigir más profesionales sanitarios.
Al respecto, ha solicitado un incremento adicional de mil plazas cada año para corregir el déficit de profesionales en los próximos ejercicios, sobre todo en especialidades como medicina de familia, pediatría, enfermería y psicología clínica, para atender a los ciudadanos con plenas garantías.
Otra de sus peticiones es una financiación adecuada de los pacientes desplazados, «el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas en la gestión sanitaria y colaboración público-privada», medidas extraordinarias para que no queden plazas vacantes en las convocatorias MIR, así como el incremento de recursos y programas formativos o la agilización de la homologación de títulos extracomunitarios.
Plan estatal de vivienda "sin imposiciones"
En materia de vivienda, el presidente valenciano ha solicitado «unidad de acción» para impulsar un plan estatal «que coordine a todos sin enfrentar a nadie, sin imposiciones y que apueste por sumar propuestas».
Ha abogado así por aumentar la disponibilidad de suelo de las comunidades autónomas con el perteneciente a la Administración General del Estado, empresas públicas y organismos dependientes, además de incrementar los incentivos a la promoción y construcción de vivienda protegida y las ayudas directas para la adquisición de vivienda y para el alquiler, especialmente para los jóvenes.
En esta línea, ha pedido la reincorporación de los programas de rehabilitación y regeneración urbana a las líneas financiadas con fondos europeos, la reducción del IVA de la vivienda y la modificación de la normativa vigente para luchar de manera más efectiva contra la okupación.
Política migratoria "más contundente, eficaz y urgente"
En relación con la inmigración, Mazón ha señalado la necesidad de medidas «más contundentes, eficaces y urgentes». Ha apostado por una «política clara» con los países de origen para controlar y frenar los flujos migratorios, además del refuerzo de los controles, pruebas de edad ágiles y la coordinación de los traslados de inmigrantes adultos a la península «desde el acuerdo con los municipios e informando a los comunidades autónomas».
Según ha vuelto a denunciar, la falta de comprobación de la edad provoca que entre los adultos haya menores que «acaban acogidos por los sistemas autonómicos sin tener ni el reconocimiento por parte del Gobierno de España ni poder contar con el pago del coste que supone su atención».
El jefe del Consell ha pedido modificar el reparto de menores no acompañados «aplicando criterios que atiendan las circunstancias de cada comunidad autónoma frente al peso poblacional de cada territorio», así como ampliar el reparto entre los 27 países de la Unión Europea y revisar los criterios económicos. «La diferencia que asume la Comunitat Valenciana entre lo que aporta el Gobierno y el coste de atención es de 74 euros al día», ha apuntado.
Y ha demandado la activación de medidas efectivas para los jóvenes acogidos que cumplen la mayoría de edad con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad o de exclusión, entre otras medidas.
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