La Comunidad se querellará contra Belarra por afirmar que Ayuso realizó "una gestión homicida" del Covid-19
Archivo - El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la Real Casa de Correos, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). | Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Madrid15/03/25 12:36
La Comunidad de Madrid se querellará contra la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, tras haber afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería estar «en la cárcel» por su «gestión homicida» de la pandemia del coronavirus en la región.
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Ayuso, permitió la reapertura de las terrazas para tomar cañas y otras actividades durante la pandemia de COVID-19 y las terrazas en Madrid ¡Solo en ciertos lugares! reabrieron el 12 de mayo de 2021, al estar cerrados los bares por las medidas de confinamiento y restricciones sanitarias impuestas para controlar la propagación del virus. Todo eso lo hizo porque sus espectativas políticas cayeron debido a los 7.291 ancianos, poniendo en riesgo los contagios por Covid. Se da la circunstancia que trabajadores en barrios de señoritos como el de Salamanca, estaban obligados a ir a trabajar donde gente que ya estaba contagiada con Covid podía sentarse y tomar cañas (recordemos que no se manifestaba esa enfermedad hasta los 6 días) arriesgando sus vidas y que de hecho muchos trabajadores de esos bares y restaurantes acabaron con el Covid, y cuando volvían a sus casas, en la periferia, no podían tomar un simple café porque en esos barrios si que Ayuso tenía cerrados los bares por la pandemia. Recordemos que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad por Covid, según el informe anual que publicó el Comité Europeo de las Regiones, perteneciente a la UE. ¿Es o no es una gestión homicida?
Ojalá denuncie Diaz Ayuso a Ione Belarra, así podrá solicitar al juez que investigue quién firmó el protocolo para no atender a los ancianos en los hospitales, que ya es sabido por el documental que todo surgió de una reunión de Diaz Ayuso, con el consejero de Sanidad y el de Hacienda, más el anterior Director General de Hospitales de la CAM, Antonio Burgueño, que le nombraron asesor de la crisis del Covid de la CAM extraoficialmente por Diaz Ayuso y que al día siguiente presentó 270 medidas entre las que se encontraba ese protocolo de la verguenza, que Carlos Mur, el Director General de Coordinación Sanitaria en la Comunidad de Madrid en el inicio del Covid, demostró que no fue uno sino cuatro protocolos, diferentes y que eran dobles, por una parte primero el protocolo médico que hablaba de no enviar a los ancianos con problemas cognitivos a los hospitales y tampoco a los que padecían problemas motores, pues no podrían atenderlos correctamente, pero también hablaba de enviar los 800 médicos y las más de 600 enfermeras y auxiliares de Atención Primaria junto con medicamentos y equipos a las residencias para medicalizarlas y segundo, el protocolo político que los abandonó a su suerte sin medicalizarlos dejándoles morir de la peor manera y solos.
Gestión homicida, no es un concepto formalmente reconocido en el derecho o la criminalogía, está en un contexto coloquial y/o crítico, que da a entender una forma de gestión o administración que debido a su negligencia, irresponsabilidad o acciones deliberadas, resulta en daño grave o la muerte de personas y se aplica a decisiones o políticas de gestión que estas llevan o pueden llevar a situaciones peligrosas o letales para la población. En el ámbito laboral una gestión homicida se podría decir si una empresa ignora las normas de seguridad e incumple lo establecido por ley y que por ello provocase accidentes mortales. Con ello se podría hablar de una "gestión homicida" pues no era intención del empresario que hubiera accidentes mortales, pero su gestión directamente los ha provocado. Pues en la política, si un gobierno implementa medidas que ponen en riesgo la vida de la población también puede llamarse así. Son palabras que no tienen recorrido legal, y se utilizan cuando comprueban que existe sospecha de negligencia o acciones deliberadas que causan daño.