La necesidad de un cambio de normativa, según el titular de
Presidència, se debe al desfase de la ley 11/1990, vigente en la
actualidad, en lo referente a sanciones, procedimientos de gestión
y control, desarrollo del registro de patrimonio y reparto de las
competencias ejecutivas, entre otros aspectos. «Creemos que la
nueva ley proporcionará más agilidad, transparencia, control y
participación ciudadana», afirmó Garcias. En efecto, el texto que
aprovará en breve el Consell de Govern dispone una mayor autonomía
para instituciones tales como el Parlament o el Consell Consultiu,
las cuales podrán gestionar libremente las posesiones que tengan
adscritas.
Por otra parte, los ciudadanos tendrán la potestad de exigir la
defensa de determinadas propiedades públicas. Entre otras
novedades, se incorpora un Inventario General de Bienes y Derechos,
que podrá ser consultado por los particulares, como instrumento
para determinar con exactitud el estado del patrimonio y sus
posibles modificaciones.
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