El Govern no tiene constancia de cuántas viviendas están necesitadas de certificado de eficiencia energética. | D. LADARIA

TWL
11

La adaptación de los edificios de Balears a la normativa comunitaria tiene como uno de sus principales objetivos que los particulares consigan el certificado de eficiencia energética. Unos 16.000 titulares de inmuebles ya lo han obtenido, después del pertinente estudio de cada caso concreto por parte de la Dirección General de Industria del Govern desde que asumió esta responsabilidad a mediados de 2013. Cualquier particular que alquile o compre un inmueble tiene derecho a exigir este documento como condición sine qua non para formalizar el correspondiente contrato. Se trata, en definitiva, de un número aún pequeño teniendo en cuenta la enorme masa de viviendas que tiene el Archipiélago.

La calificación de la eficiencia es el resultado del cálculo del consumo de energía necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en condiciones normales de funcionamiento y ocupación. La normativa clasifica los edificios con una categoría de siete letras. La escala G corresponde al edificio menos eficiente y la A al más completo, según el consumo de energía y las emisiones de CO2.

Jaume Ochogavía, director general de Industria, afirma que “la gente no tiene por qué asustarse si se le otorga una clasificación D o E. Se trata de una excelente calificación. La A está reservada a edificios muy modernos, pero los hay antiguos que reúnen unas muy buenas condiciones. La inspección determina todos los puntos de la vivienda, incluso el grosor de las paredes. Es una garantía para el propietario del inmueble. A su vez, el técnico está obligado a proponer al propietario una serie de recomendaciones para mejorar la calificación de su propiedad”.

Estas recomendaciones se basan en una serie de medidas referentes a la envolvente del edificio y a las instalaciones, teniendo en cuenta que la calefacción y el agua caliente son los servicios que más energía consumen, “llegando a representar un 46% en el caso de la calefacción y un 21% en el del agua caliente”. En el primer caso se proponen actuaciones sobre los muros o cerramientos, la cubierta, los suelos en contacto con el terreno o los sótanos y los huecos de la fachada.

Entre las medidas que se aconsejan se encuentra desde la instalación de aislamientos térmicos de las fachadas hasta acristalamientos estancos o ventanas con doble aislamiento. Hay que pensar que con una adecuada envolvente térmica se consigue “minimizar las pérdidas”. También se propone, en el caso de las instalaciones, la sustitución de los equipos de calefacción y climatización para el cambio de combustible o la mejora de estos. Otro punto importante es que se propone la incorporación de energías renovables como la solar, sea la térmica o la fotovoltaica, o también biomasa para el autoconsumo.

POTENCIACIÓN. Ochogavía destaca que “la convocatoria de subvenciones de la Conselleria d'Economia i Competitivitat para el año que viene en lo referente a la eficiencia energética irá siempre ligada a la mejora de la calificación de eficiencia energética”. El director general de Industria indica que “estos certificados son muy interesantes para Balears de cara a la potenciación de sus inmuebles. Pero no hay que olvidar que la normativa comunitaria tiene muy presente los climas fríos del norte. Europa es pobre en energía. Conseguir una optimización de su consumo es fundamental”.

De momento, la Conselleria no sabe cuántas viviendas están necesitadas de estos certificados. Teniendo en cuenta la demografía de Balears, pueden ser centenares de miles, pero no hay datos oficiales. El coste de un certificado de eficiencia energética varía según cada caso, pero puede oscilar entre los cien o los doscientos euros. Luego se convierte en toda una garantía para comercializar el inmueble. “Que la gente no se equivoque. No es un impuesto más. Se trata de un esfuerzo para gastar lo menos posible en energía y el más beneficiado es el particular”, concluye el director general Jaume Ochogavía.