Tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo, la fragmentación del voto y el surgimiento de nuevos actores políticos causa temor en parte del empresariado y de la sociedad. Los negocios y los negociantes funcionan bien cuando hay seguridad jurídica, un marco legal claro y estable en el tiempo. Esta clave para atraer inversiones e inversores no se debe utilizar solo cuando a uno le conviene. El rescate bancario, por poner un ejemplo reciente, es un caso de inseguridad jurídica palmario, que distorsiona la competencia del sector y, además, multiplica los impuestos que tendremos que pagar. Y desde luego no se puede responsabilizar a los partidos a los que ahora se teme desde determinados sectores económicos.
De hecho, no solo la estabilidad jurídica es necesaria para que la economía fluya adecuadamente. Además, las leyes han de ser claras, no contradictorias, técnicamente correctas y buscar el interés económico común. En otras palabras, de nada sirve la estabilidad jurídica si las leyes están mal hechas.
Y en materia de regulación bancaria, muchas regulaciones están mal hechas, si por mal hechas entendemos que no propician un mercado transparente y competitivo, orientado a la financiación de actividades productivas y socialmente responsables. No es que falten leyes, que también, sino que muchas no se cumplen o están mal diseñadas. Sin ir más lejos, la trasposición de la directiva europea MiFID en España en diciembre de 2007, ideada para proteger a los consumidores financieros minoristas, los clientes tipo de las oficinas bancarias, no ha sido aplicada correctamente por un número importante de bancos. Una aplicación adecuada habría evitado la comercialización masiva de participaciones preferentes, bonos estructurados y obligaciones subordinadas, por poner algunos casos de mala comercialización.
Por otro lado, pero no menos importante, tenemos la regulación hipotecaria, anacrónica y muy sesgada a favor de los intereses de la banca. Las reformas impulsadas son parciales y fragmentarias. Queda pendiente una reforma global y profunda en esta materia.
La revolución política surgida tras el 24-M tiene protagonistas varios, con medidas muy diferentes según cada municipio y comunidad autónoma. En las Illes Balears tenemos a Podemos y PSOE discrepando en parte de sus propuestas, con un Més haciendo de árbitro o entrenador según vaya el combate en cada momento. ¿Hay que temer el resultado político que surja de estas negociaciones? Depende, como casi todo en la vida. Depende de los acuerdos y medidas concretas que pacten, depende de los intereses particulares y, también, de cómo se implementen las medidas anunciadas. Acierto en lo que se proponga, pedagogía, negociación decidida pero sincera con los sectores implicados, sentido del interés general profundo y coordinación son, a mi entender, las claves del éxito o del fracaso de los cambios que se quieran aplicar.
En el caso del sector bancario, hasta dónde sabemos, el miedo puede estar relacionado con los cambios que se produzcan en el trato de los inmuebles vacíos que mantienen y en los desahucios.
Ambas realidades deben tener un tratamiento a nivel estatal, más que de comunidad o ayuntamiento, si bien afectan las decisiones de los órganos locales. Si los bancos actúan de forma inteligente y responsable, serán estos los que llevarán la iniciativa y propondrán medidas para ocupar parte de sus inmuebles vacíos, con alquileres sociales en parte garantizados por las corporaciones locales. En cuanto a los desahucios, hay que evitar dejar en la calle a familias sin opción habitacional. La coordinación de bancos y servicios sociales debe ser el eje de las políticas que se vayan a tomar.
Los bancos no deben temer a la nueva política ni los nuevos partidos a los bancos. Se han de entender, sin concesiones en lo importante pero sin imposiciones innecesarias. Es posible, si hay voluntad por ambas partes y acierto en las propuestas y su implementación.
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