Aunque es difícil de creer, en este país, en el pasado ha habido leyes que han sido aprobadas por unanimidad. Sin ningún voto en contra y tras un periodo de negociación y posterior consenso entre todas las fuerzas políticas, todas sin excepción, y de acuerdo con los sectores implicados, que son los que van a tener que aplicar la ley en cuestión. Esto que les explico pasó en España en el año 2010, con la aprobación de la Ley de Auditoría. Una ley que afectaba a unos profesionales que son garantes de dotar de transparencia y credibilidad a los mercados. Por lo tanto, esta norma también afectaba a las empresas, que son muchas, que están obligadas a auditar sus estados financieros.
Pero este cuento tan bonito ha tenido una duración muy corta. ¿Por qué? Porque en abril de 2014 la Unión Europea aprobó una directiva y un reglamento que obligaba a los estados miembros a modificar sus legislaciones en materia de auditoría para adaptarse a estas normas. Se persigue desde la UE reducir los escándalos financieros y la concentración del mercado, con el fin de mejorar la transparencia de la información financiera. Todo ello con el fin de evitar de nuevo los desmanes financieros que dieron lugar, entre otros motivos, a la crisis financiera y económica. ¿Y qué ha pasado? Pues todo lo contrario a lo que ocurrió en 2010.
El pasado 21 de julio se publicó en el BOE la nueva Ley de Auditoría. En este caso, nos encontramos con una ley que ha salido adelante sin tener en cuenta ninguna de las innumerables enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición, una ley que se ha aprobado de forma no consensuada ni con el sector profesional de los auditores, ni con las empresas auditadas, ni con los usuarios en general. Una ley, que el mismo Consejo de Estado estudió y emitió un dictamen con múltiples recomendaciones sobre las cuales el Gobierno ha hecho caso omiso. Todo ello a pesar de la permanente disposición, tanto de los auditores como de los grupos parlamentarios, para desarrollar una normativa que favoreciera la transparencia y la seguridad de los mercados. Esta nueva ley afectará muy negativamente a las más de 55.000 empresas que se auditan en España, puesto que probablemente generará un importante sobrecoste a los clientes de los servicios de auditoría.
Los principales problemas de la nueva ley son de carácter técnico. Entre ellos cabe destacar un régimen de independencia casi imposible de entender y aplicar, la ampliación del contenido del informe de auditoría para entidades que no son de interés público -generando un notable sobrecoste respecto al resto de la Unión Europea- y la regulación de la extensión de prohibiciones de prestación de servicios distintos a los de auditoria en las Entidades de Interés Público.
Pero debemos trasladar un mensaje de calma. No es la primera vez que los auditores se encuentran en un escenario adverso al que, gracias a su profesionalidad, siempre han sabido sobreponerse. En este sentido, desde las corporaciones de auditores se va a realizar, en primer lugar, un esfuerzo en formación, también dirigido a las empresas, para explicar las novedades de la nueva ley que se aplicarán a las cuentas de 2016.
Además, la tramitación de esta ley finaliza, pero no el proceso de reforma normativa. Por eso tenemos una cierta esperanza de que el nuevo reglamento de auditoría que deberá desarrollar esta ley reduzca la inseguridad jurídica y sus problemas de aplicación. Este país necesita más consenso. Debemos seguir insistiendo en la necesidad de volver al consenso y de que las voces de los miles de auditores sean escuchadas. Y este mensaje creo que lo harían suyo los asesores fiscales en relación a las normas tributarias y los abogados en relación a las normas mercantiles y laborales.
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