Bla, bla, bla

La defensa de BlaBlaCar asegura que no son necesarias licencias puesto que la empresa carece de vehículos propios y no contrata a los conductores. Según ellos su trabajo consistiría en poner en contacto a particulares que desean realizar el mismo viaje para compartir los gastos.

Las alegaciones de las partes se refieren igualmente a las aportaciones medias por viaje, el número de usuarios y el impacto de esta actividad en un mercado regulado como es el del transporte de pasajeros por carretera. Por supuesto desde dos visiones absolutamente opuestas.

La judicialización de la economía compartida es una mala noticia para los consumidores. Los titulares de las actuales concesiones, sean licencias de transporte o de taxi, defienden legítimamente sus intereses pero a veces exigen una protección del Estado que va más allá de lo que es su obligación.

El cierre de Uber pop en España es el máximo ejemplo. Uno de los argumentos utilizados por los taxistas, y no solo en España, es el alto coste de las licencias, es decir se está obteniendo un beneficio no del uso de la concesión sino de la especulación con la misma.

La obligación de un estado en este campo es garantizar la seguridad de los que utilizan estos sistemas de transporte, o de alojamiento en su caso, y garantizar la igualdad ante la ley, de manera especial en los aspectos fiscales, por lo que lo importante es tomar las medidas normativas para que esto sea así. En mi opinión eso no ha tenido lugar hasta ahora.

Al tomar partido por intereses gremiales se puede olvidar que los ciudadanos están por encima de los gremios y lo que el Gobierno tiene que hacer es precisamente proteger a aquellos frente a estos. Finalmente la prohibición de utilización de recursos ociosos puede dificultar el lógico nivel de crecimiento de nuestra sociedad.