Fiscalidad y seguridad jurídica

No obstante, este periodo de “vacío de poder” ha venido precedido de unos años de intensísima actividad legislativa en el ámbito fiscal:

En materia del IRPF se han aprobado infinidad de normas que han traído consigo desde la introducción de un gravamen complementario (medida “transitoria” para 2012 y 2013; posteriormente prorrogada para 2014), pasando por la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, hasta llegar a la reforma fiscal aprobada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, que ha supuesto una profunda revisión del impuesto con efectos para 2015. Todo ello acompañado de incesantes cambios en los tipos de retención e ingreso a cuenta.

El Impuesto sobre el Patrimonio fue técnicamente suprimido en 2008, para ser restablecido a continuación (mediante real decreto ley) con “carácter temporal” para 2011 y 2012. Sin embargo, las sucesivas leyes de Presupuestos han ido prorrogando anualmente la vigencia del impuesto en 2013, 2014, 2015 y 2016, convirtiendo su restablecimiento en (casi) definitivo.
En la regulación del Impuesto sobre Sociedades encontramos claros ejemplos de lo que venimos advirtiendo: entre otros, la limitación temporal de la deducibilidad de las amortizaciones y del fondo de comercio, las múltiples modificaciones en el cálculo de los pagos fraccionados y la supresión generalizada de las deducciones en cuota operada por una reforma fiscal (vía Ley 27/2014, de 27 de noviembre) que ha incorporado novedosas instituciones tributarias como las reservas de capitalización y nivelación.

En fin, una prolífica actividad legislativa que ha convertido nuestro sistema tributario en un cuerpo legal repleto de regímenes transitorios, incentivos de breve recorrido y normas que, a menudo, provocan cierta confusión entre los contribuyentes.

Hasta el punto que distintos órganos de la propia Administración difieren a la hora de interpretar la normativa vigente (como pone de relieve la reciente disputa doctrinal entre el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Dirección General de Tributos en materia de deducibilidad de intereses de demora).

A ello hay que añadir que no parece desproporcionado pensar que el nuevo escenario político nos depare, una vez más, próximas reformas estructurales en la imposición directa e indirecta (sin perjuicio de lo que esté por llegar a nivel de fiscalidad autonómica y local).

Cuanto antecede me conduce a reflexionar en torno a la eficacia del principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución; principio que siguiendo la jurisprudencia constitucional (entre otras, STC 150/1990) debería “proteger la confianza de los ciudadanos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles”.

Pero la realidad es que, a día de hoy, nadie sabe cuál será el futuro de nuestra fiscalidad. Y eso que dice una máxima que “en este mundo no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos”.