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La era actual es la de las estrategias. Un tiempo en el que no solo las empresas, sino también los territorios (sean países, regiones, ciudades, capitales o incluso comarcas y pueblos) están obligados a forjar su propia estrategia.
La esencia de toda estrategia territorial es elegir entre diferentes sectores económicos, áreas científico-técnicas, actividades productivas, actores, tecnologías,… para que el territorio pueda forjar una posición única y valiosa con respecto a otros. Así, lo entiende, por ejemplo, la Comisión Europea, al reivindicar en el marco de las estrategias para la especialización inteligente (RIS3), que las regiones europeas han de fijar “prioridades temáticas” y no solo “políticas horizontales”.

De la misma forma, se sigue confundiendo la estrategia territorial con la política gubernamental o la estrategia del gobierno. Y no son lo mismo. Las diferencias entre estrategia y política no se ciñen a la determinación del actor o actores que deben definir y diseñar la estrategia de un territorio sino en los objetivos que se persiguen. Así, mientras que las políticas hacen especial hincapié en responder a fallos o desequilibrios existentes en el mercado o en el conjunto del sistema, la estrategia territorial se centra más en reforzar las fortalezas, lo que demanda un papel activo de todos los actores para catalizar una visión de futuro y no solo para superar o minimizar los fallos actuales. La estrategia dedica muchos más esfuerzos a definir los objetivos, mientras que la política se centra más en los medios.

Otro de los aspectos diferenciales entre las estrategias territoriales y políticas son sus fases. La primera presenta fases consecutivas lineales que comprenden el diseño, implementación y evaluación, mientras que las políticas se definen como acciones de un gobierno para alcanzar una serie de objetivos en el corto plazo. Además, en lo que se refiere a la definición de objetivos, las estrategias se abordan desde una aproximación más holística (objetivos económicos, sociales o medioambientales) que responde, pues, a la mejora de la competitividad global de territorio, mientras que la política adopta, por lo general, un enfoque más restrictivo.

No se trata, pues, de tener un plan de gobierno, que es algo tangible (un documento) y con la presión del ciclo electoral ir ejecutándolo con más o menos acierto. Ni siquiera se trata de disponer de una estrategia RIS3 propia para cumplir con la condición que fija Europa para acceder a los fondos estructurales y de inversión. Se trata de garantizar que la política del gobierno (sea del color que sea, con sus objetivos, prioridades e ideología) contribuya, con sus medios, junto con el resto de actores del territorio al despliegue de una estrategia de futuro para Balears que asegure un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible, minimizando, de esta forma, los condicionantes que emanan del contexto global y de las inercias o dependencias de las trayectorias pasadas.

Esto requiere construir nuevos modelos de gobernanza (modelos de relación entre el gobierno y otros actores), cambiar las formas de hacer política e incluso la organización interna de la propia administración pública. Se necesitan, además, nuevas capacidades de análisis, nuevos instrumentos analíticos que obligan romper las barreras e inercias de las disciplinas tradicionales y explorar —o buscar colaboradores— en campos diversos. No solo se necesitan conocimientos científicos y tecnológicos, también se precisan conocimientos de mercados o capacidades empresariales, de las que los gobiernos o los científicos carecen.