¡Es la economía, estúpido!

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Ante las sistemáticas reflexiones que se hacen a día de hoy en materia económica y las políticas emprendidas en este ámbito por los nuevos gobernantes, a algunos nos ha venido a la memoria la famosa frase que utilizó James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña electoral de 1992, para reafirmar no solo la relevancia de los temas económicos sobre la opinión de los electores, sino también la enorme importancia del crecimiento económico para el avance de nuestra sociedad.

Y es que la inmensa mayoría de los ciudadanos hemos entendido claramente que sin crecimiento económico no se puede generar empleo, ni estable, ni precario, ni de ningún tipo, o que sin crecimiento económico no se genera renta adicional alguna que se pueda repartir o igualar.

Sin embargo, existe todavía un gran número de ciudadanos y gestores de las haciendas públicas que todavía no han entendido que el aumento de los ingresos tributarios que se asocia al crecimiento económico constituye la base que permite garantizar a medio y largo plazo los servicios públicos que conforman nuestro estado del bienestar, reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos, sostener niveles elevados de deuda pública como los que padecemos actualmente o cumplir con una senda de consolidación fiscal a medio plazo que permita reducir los desequilibrios y sanear las cuentas públicas.

Buena prueba de ello la tenemos –aunque algunos se sorprendan– en Balears, una región que empezó a tener tasas positivas de crecimiento del PIB en los últimos trimestres de 2012 y que para 2016, algunas entidades como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), prevén tasas de crecimiento interanuales superiores al 4%.

Como consecuencia de este hecho, los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears crecieron en 2015 –incluyendo los tributos gestionados por la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) y los derivados del sistema de financiación autonómica– por encima de los 270 millones de euros que, junto con la reducción de gastos financieros en más de 80 millones de euros vinculados a las líneas de financiación del Estado a tipo de interés del 0%, permitió incrementar el gasto público –por ejemplo en sanidad el incremento en 2015 superó los 100 millones de euros– y al mismo tiempo, reducir el déficit de la comunidad autónoma desde los 478 millones de euros del ejercicio 2014 (1,71% sobre PIB) a los alrededor de 280 millones de euros (1% sobre PIB) que alcanzó, según datos de la AIREF, el déficit por operaciones no recurrentes en el ejercicio 2015.

Por lo que se refiere al ejercicio 2016, se prevé un incremento de recaudación vinculado al sistema de financiación autonómica que alcanza los 110 millones de euros, mientras que los ingresos tributarios gestionados desde la comunidad autónoma habrían crecido, a tenor de los sucedido en años anteriores, más de 100 millones de euros, aunque considerando el notable incremento de la presión fiscal en 2016 y la reciente creación de un nuevo impuesto sobre estancias turísticas, puede deducirse fácilmente que el incremento de la recaudación vinculada a los tributos gestionados por la ATIB puede alcanzar los 150 millones de euros y, por tanto, el total de ingresos situarse por encima de los 260 millones de euros.

Por ello, no resulta sorprendente que en el último informe de la AIREF se estime un déficit público para Baleares al cierre de 2016 de entre el -0,7% y el -0,4% del PIB regional, lo cual implica que se prevé que Balears cumpla holgadamente el objetivo en este ejercicio, en la medida que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se fijó un objetivo de estabilidad del -0,7% del PIB.

Tampoco sorprende que desde el Govern de les Illes Balears se anuncie constantemente que no habrá más recortes de gasto y que en el plan de ajuste presentado por Balears no se prevé ninguna medida de recorte. De hecho, no tiene mucho sentido que el Ministerio de Hacienda no desbloquease mucho antes los recursos que debe recibir Baleares del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesto que solo con incluir en el plan de ajuste los aumentos de ingresos vinculados al crecimiento económico, con el añadido de los aumentos de presión fiscal, y comunicar que no se producirá una explosión descomunal del gasto público, ya se concluye que se cumplirá el objetivo de déficit.

Lo que sí resulta verdaderamente sorprendente es que desde el Govern se anuncie constantemente que cumplir la senda de consolidación fiscal acordada en el último Consejo de Política Fiscal para el ejercicio 2016 y siguientes, constituye una imposición del Ministerio de Hacienda totalmente inasumible, lo cual implica que el Govern se ve incapaz de ajustar 80 millones de euros –pasar de un déficit del -1% del PIB en 2015 a uno del -0,7% en 2016– con unos ingresos adicionales de al menos 260 millones de euros y prefiere seguir incrementando una deuda pública que califica como inasumible, al mismo tiempo que solicita su automática condonación al Estado.


Resulta también un tanto sorprendente que la ley de presupuestos para el ejercicio 2016 se aprobase una reforma fiscal que ha supuesto un importante aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos de Balears y se crease un nuevo impuesto sobre estancias turísticas, cuando lo que se podría haber hecho era aprovechar, al menos en parte, los aumentos de recaudación vinculados al crecimiento económico, para reducir la presión fiscal con el fin de aumentar la renta disponible de los ciudadanos y, con ello, el consumo, la inversión, el ahorro y a fin de cuentas el crecimiento económico. Si se pretendía aumentar la progresividad de los tributos, nada habría impedido mantener la presión fiscal para las rentas más altas y reducir la de las rentas medias y bajas.

En cualquier caso, si se opta por destinar los aumentos de recaudación únicamente a incrementar el gasto público, muchos agradeceríamos al menos, que el Govern se acordase de ejecutar inversiones que, tal como sucede con las obras de abastecimiento y saneamiento de aguas, inciden de forma notable sobre el bienestar de los ciudadanos y mejoran la competitividad de nuestra economía.

En definitiva, aquellos que no se acuerdan con cierta frecuencia de la frase de James Carville y ejecutan políticas económicas consistentes en derogar todas las reformas estructurales encaminadas a mejorar la competitividad sin ejecutar ninguna nueva reforma, aprueban aumentos sistemáticos de la presión fiscal, se sienten orgullosos de incumplir los objetivos de déficit y deuda pública y olvidan el concepto de inversión productiva, nos están anunciando que situaciones como las vividas a partir de 2009 se volverán a producir más pronto que tarde.

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