Aunque se han llegado a proponer más de 20 principios básicos para guiar la imposición (Informe Newmark), normalmente el análisis de un sistema fiscal atiende a 3 criterios básicos: su suficiencia, eficiencia y equidad. Suficiencia para garantizar los recursos económicos necesarios para mantener la actividad de las administraciones públicas, eficiencia para conseguir el máximo nivel posible de crecimiento y empleo, y equidad para garantizar un nivel equilibrado en la distribución de la renta. Por tanto, un sistema fiscal eficaz debería garantizar una cierta equidad social permitiendo mantener los programas de gasto necesarios sin penalizar el crecimiento y la creación de empleo.
La primera cuestión, por tanto, es establecer el nivel de presión fiscal o de impuestos que se debe pagar un país. Desde esta perspectiva y según la OCDE, España es el país avanzado que más rápidamente incrementó su presión fiscal entre los años setenta y la actual crisis (de menos del 20% del PIB en 1977 a más del 36% en 2007), situándose actualmente en un nivel cercano a la media (38%). Aun así, debe matizarse que entre los 34 países miembros de la OCDE existen grandes diferencias por razones económicas y culturales (30 puntos de PIB entre México y Dinamarca). Por otro lado, la variable clave para el estudio de la presión fiscal es el nivel de renta, lo que hace poco sensato equiparar fiscalmente a España y Dinamarca.
Sin embargo, y pese a estar en la media, los impuestos actuales parecen insuficientes para mantener nuestro estado de bienestar dado el déficit público existente. Parte de este problema podría explicarse por la caída ingresos causada por la crisis. Según el FMI, esta caída media fue de un punto de PIB en todos los países mientras que en España superó los cuatro puntos entre 2007 y 2013. Pero no solo es la falta de ingresos, la raíz del problema también se encuentra en la eficacia del gasto, es decir la producción de bienes y servicios públicos que se obtienen por unidad de PIB recaudada y que parece ser muy baja en España. Tenemos servicios públicos muy buenos pero muy caros.
Otro aspecto que nos diferencia frente al resto de países avanzados es que mientras en el debate electoral español se preconiza la lucha contra la desigualdad mediante más y mayores impuestos, en el resto del mundo se utiliza el gasto. En Europa (Informe Mirrless) se pone énfasis en la eficiencia y neutralidad de los sistemas fiscales para que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo, cediendo la función distributiva al gasto público y sistematizando la cooperación y coordinación internacional para luchar contra el fraude. Así mientras en el 2011 la Comisión Europea afirmaba que el diseño de la política fiscal debe tener como objetivo promover el crecimiento, minimizar las distorsiones y disminuir los costes tributarios, en España, donde la principal preocupación social era el paro (CIS), un empleado que cobrara 1,7 veces el salario medio pagaba un 45% de su salario bruto entre IRPF y cotizaciones sociales.
Y es que pese a que se habla mucho de impuestos, el sistema tributario español es poco conocido e injustamente percibido. Según el CIS el 90% de los españoles se declara “responsable a la hora de pagar impuestos” pero el 94% cree que hay “bastante o mucho fraude fiscal”, lo que implicaría que existe una clara diferencia entre moral y disciplina fiscal. Para muchas personas, el fraude fiscal está justificado lo que explicaría que pese a que un 90% de encuestados se consideren “fiscalmente responsables” exista más de un 20% de economía sumergida en el país. Pero además de injusto es desconocido. En el sistema fiscal actual el 50% de la recaudación del IVA y del IRPF está cedida a las autonomías, sin embargo, según desvela el CIS, un 60% de los españoles aún cree que son impuestos totalmente estatales.
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