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El fuerte crecimiento de la demanda turística en Balears y especialmente en Eivissa, junto a la rigidez de la oferta turística reglada de alojamiento, que se ha visto desbordada, ha generado alzas continuas en el precio de las estancias turísticas y deseos insatisfechos que han dado lugar a una respuesta de nuevas ofertas de alquiler turístico gracias a la expansión de la construcción residencial de la época de la burbuja inmobiliaria. Estos pisos construidos masivamente en ese periodo y comprados por residentes y no residentes con ahorros o hipotecas, han tenido la posibilidad de rentabilizarse gracias a la atracción que en estos últimos años ha protagonizado Eivissa y Balears por causas tanto estructurales como coyunturales.

A muchos propietarios les ha permitido obtener un ingreso complementario a sus ingresos de trabajo de temporada y también poder hacer frente a los costes de la hipoteca y los impuestos. Hemos apostado,queramos o no, por el turismo residencial, como consecuencia de la disminución de plazas hoteleras y el gran crecimiento de la construcción de viviendas en la primera década del euro. En este momento hay más plazas no regladas, muchas de ellas ilegales, que las regladas.

La Administración balear se encuentra con una normativa autonómica obsoleta que establece que quedan excluidos del alquiler turístico los pisos, adosados y apartamentos en bloques de viviendas plurifamiliares y que tienen prohibido publicitarse en cualquier tipo de soporte en el que aparezcan las palabras turístico, o similares.

Esto supone excluir el 70% de los alquileres turísticos que se comercializan actualmente en Eivissa en las plataformas digitales. Las inspecciones las multas disuasorias, etc. no bastan para parar esta oleada por lo que el Parlamento debatirá una Norma Transitoria para regular de una forma más realista esta actividad turística y los consells determinarán en que zonas o municipios se podrá o no podrá darse estos alquileres. Es una ocasión de plantearse una serie de temas básicos a tener en cuenta en este debate.

En primer lugar que vivimos en un sistema de mercado y ya está suficientemente demostrado que el control de alquileres genera más problemas que los que intenta solucionar. Que ilegalizar mercados solo lleva a mafias y distorsiones y corrupciones. Que hay que tener en cuenta que somos una región de Europa y que por lo tanto no podemos legislar en contra de sus principios comunes. También que no podemos poner restricciones a la entrada en las Islas a ciudadanos europeos que quieran pasar aquí sus vacaciones y que la masificación en los meses de la temporada alta es consecuencia de nuestro modelo turístico. Que los turistas son ciudadanos europeos y que no debemos legislar para mantenerlos en guetos sin mezclarse con la población residente. Que el turista valora positivamente la convivencia con la población autóctona.

Que debemos aprender de la experiencia y en concreto del turismo 18-30 que venía a Sant Antoni a final de los 80 y en los 90, que tanto perjudicaron a ese destino y que no se solucionó cerrando hoteles y bares sino con medidas de orden público, aplicando por igual las medidas de convivencia a residentes que a turistas. Que en los hoteles, edificios de pisos y en la calle han de comportarse al igual que los residentes y que las asociaciones de vecinos y los ayuntamientos y la policía pueden actuar contra el ruido o el gamberrismo sin necesidad de cerrar hoteles o pisos. No nos podemos permitir ni un turismo ni una población incívica porque ya conocemos las consecuencias.