El presidente de Uber, Travis Kalanick, comunicó inmediatamente que él y la empresa estaban en desacuerdo con el decreto, puesto que muchos de sus conductores son inmigrantes de algunos de los países afectados. No fue suficiente. La presión le ha obligado a dimitir del Consejo Asesor de Trump compuesto por presidentes de algunas de las empresas más importantes del país, poniendo sobre la mesa la muy interesante disyuntiva de si es mejor no colaborar o, como propone Musk, el presidente de Tesla, intentar convencer al presidente de cuáles son las políticas más beneficiosas para la sociedad y evitar que sea asesorado solo por los extremistas.
En una situación comprometida se encuentra Bob Iger, presidente de Disney, empresa multinacional donde las haya. La presión popular para que tome posición puede llegar en cualquier momento, poniendo en aprietos a una empresa de raíces profundamente conservadoras, pero con una clientela universal.
Las grandes empresas tecnológicas ya se han posicionado en contra del decreto. Desde el punto de vista económico no está de más recordar, como lo ha hecho esta semana Fahred Zaakaria, que el conjunto de los condados que votaron a Hillary Clinton tienen una cuota del PIB americano casi tres veces superior al de los que votaron a Trump.
Uber es fuerte en California, Nueva York y en general en las ciudades de las costas, que es donde está el dinero y también la población más liberal y progresista que no está dispuesta a dejar pasar las tropelías del presidente. La inteligencia se mueve mucho mas fácilmente que la fábrica. Y no se olviden de que los presidentes de Google y de Microsoft son indios y Steve Jobs era hijo de un sirio inmigrante.
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