Ignacio VasalloPalma06/10/17 10:32
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Recientemente el vicepresidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer, aseguraba que cumplir con todos los requisitos legales en sus hoteles supone 19 euros por habitación y día, dificultando la capacidad de competencia frente a las plataformas digitales cuyos alojamientos tienen costes normativos muy inferiores. Propone una mayor regulación que permita competir en igualdad de condiciones. Debemos estar de acuerdo, pero antes de aumentar la regulación de los alojamientos no hoteleros podríamos empezar por disminuir la de los hoteles. Basta con ojear las normativas para la calificación por estrellas para ver lo alejadas que están de las exigencias del mercado. Entre los requerimientos para obtener cinco estrellas figuran la necesidad de contar en las habitaciones con un baño completo. Me comentan mis amigos hoteleros que no llega al 10% el número de clientes que se bañan, por lo que debería bastar que un 10% de las habitaciones contasen con bañera. Podrían anunciar, como antaño, habitaciones con baño.

La mayor regulación de los alojamientos no hoteleros se enfrenta además a la oposición, a la mayor parte de las medidas, de la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia que cree que suponen limitaciones a la competencia y en consecuencia recurren judicialmente las normas de varias comunidades autónomas. Los hoteleros no mencionan la fiscalidad de la plataformas, mientras que la CMNC señala repetidamente que las comunidades autonómas tienen libre la vía fiscal para mejorar la libre competencia.

Las plataformas digitales dedicadas al alquiler de alojamientos pagan muy pocos impuestos en España. Airbnb, por ejemplo, solo pagó 55.000 euros en 2015 por impuesto de sociedades por promoción y marketing, mientras que la facturación a los clientes se realiza desde Irlanda. Los ministros de Hacienda de los cuatro grandes países europeos reunidos en Tallin recomiendan una tasa sobre la facturación en cada país, que de poder imponerse ayudaría a la igualdad de oportunidades al tiempo que aumentaría los ingresos fiscales.

Dicha tasa podría dedicarse al manteniendo y mejora de los destinos turísticos, disminuyendo la necesidad de acudir a los fondos estatales para la mejora de aquellos que están saturados y son maduros desde hace años, pero hasta ahora el Gobierno central y la mayor parte de los autonómicos han preferido que la financiación se haga a través de impuestos, que pagamos todos, que de tasas, que pagan los usuarios.