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En 1996 el presidente Clinton firmó la ley Helms-Burton (un senador y un representante republicanos) que consta de cuatro títulos.

El tercero autoriza a los propietarios expropiados o a sus descendientes a promover acciones legales ante tribunales de los Estados Unidos contra las empresas o personas que usen esas propiedades, pero incluye un artículo que permite al presidente suspender la entrada en vigor de tales acciones por periodos semestrales. Así lo han hecho los presidentes Obama, Bush y Trump, hasta que este decidió acortar los plazos y amenazar con permitir su vigencia a partir del 1 de mayo.

La decisión de la suspensión se debió en su día a la denuncia de la UE ante la Organización Mundial del Comercio por la extraterritorialidad de la norma, denuncia retirada tras el acuerdo entre ambas partes.

El cambio de posición de Trump tiene varios motivos: su disputa comercial con la UE, la necesidad de avanzar hacia el derrocamiento de Maduro, cuyo principal apoyo político es Cuba, que además recibe petróleo subvencionado y envía cooperantes -si debilita a La Habana, los efectos se notarán en Caracas-, y enviar un mensaje al poderoso lobby cubano-americano de Florida, tan importante para las elecciones presidenciales que se celebraran el próximo año.

Por supuesto si Trump permite las demandas en USA -de hecho hay unas seis mil inactivas-, la UE reactivará la denuncia y permitirá a las empresas afectadas acusar en tribunales europeos a los denunciantes en Estados Unidos.

Cuando se firmó la ley Helms-Burton, numerosas empresas españolas operaban en Cuba. Hacía ya seis años que Fidel Castro había inaugurado el primer hotel “mixto” Cuba- España y cinco de la apertura del Meliá Varadero.

Hoy día la actividad turística es la más importante de las que realizan las empresas españolas en la isla. Por supuesto Meliá destaca con 34 hoteles, unas quince mil habitaciones e importantes proyectos. Otras como Iberostar han crecido fuertemente en los últimos años.

En total las empresas españolas gestionan unas 35.000 habitaciones, dominan el mercado de las cinco estrellas -90 % del total- y son mayoritarios en el de cuatro. El retorno sobre la inversión ha sido elevado, pero la inversión total pequeña. El conjunto de las empresas españolas de todos los sectores invirtieron el año pasado unos trescientos millones de dólares.

Lo más probable es que este año Cuba reciba cinco millones turistas y tenga unos ingresos de unos tres mil millones de dólares, importantísimos para una economía muy debilitada.
Los efectos económicos de no renovar la suspensión son pequeños, pero los políticos son importantes.

Los empresarios turísticos son expertos en navegar en situaciones parecidas, incluso han seguido abriendo al mismo tiempo hoteles en Cuba y en Estados Unidos. Hábilmente han optado por la prudencia. El comunicado de Meliá se reafirma en su política en la isla y asegura que ninguna de sus propiedades estará afectada. Saben que la tormenta pasará.