El sector sanitario, en global, es una de las palancas de dinamización de la economía. Algunos estudios estiman su impulso económico, medido en Valor Añadido Bruto (VAB), en unos 95.000 millones de euros, lo que equivale a casi un 9% del PIB. Sus ejes vertebradores son la innovación y el desarrollo.
El proyecto pivota sobre cuatro objetivos estratégicos: impulso de la medicina personalizada de precisión; promoción y desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores; desarrollo de un sistema de datos innovador, e impulso a la transformación digital de la asistencia sanitaria.
El escenario en que se mueve este PERTE es el de la colaboración público-privada. Para ello se prevé una inversión de aproximadamente 1.500 millones de euros para el período 2021-2023, que se reparten en una contribución de cerca de 1.000 millones para el sector público- y el resto, 500 millones, para el sector privado. Todo ello gestionado a través de diversos instrumentos como convocatorias, licitaciones públicas, convenios, vehículos de inversión público-privada, etc.
Se espera que el impacto en la economía del PERTE de salud será de una contribución al PIB de hasta 4.300 millones de euros y la creación de 12.600 nuevos puestos de trabajo.
No cabe duda, que le espera un atractivo y esperanzador panorama de futuro a nuestro sistema sanitario. Sin embargo, preocupa que no seamos lo acertados que debiéramos para que estos fondos realmente se utilicen en su mayoría.
España no se caracteriza, precisamente, por ser un país que aprovecha bien los fondos que se le asignan desde las instituciones europeas. Tiene un gran margen de mejora. Sirva como ejemplo la asignación de 29.000 millones de Fondos FEDER: nuestro país tan solo fue capaz de utilizar 7.700 millones, un 26%, mientras que nuestro vecino Portugal, por ejemplo, aprovechó un 60%.
Sector sanitario público y privado deben hacer un esfuerzo para establecer estrategias de perfección en la gestión. No podemos permitirnos desaprovechar esta oportunidad.
