Se han cumplido 10 años desde aquel mes de marzo, en el que el Congreso de los Diputados, por unanimidad, aprobó la Ley de Economía Social.
Una ley demandada por el sector que ha contribuido, de manera decisiva, a demarcar y visibilizar un sector de la realidad social que, durante estos años, ha permitido constatar su importancia tanto en términos cuantitativos como cualitativos.
A partir de la promulgación, y, en base a su artículo 8, dedicado al fomento y difusión de la economía social, ha sido el incentivo para que los «poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias» pudieran establecer como objetivos de sus políticas la promoción de la economía social.
Así las políticas públicas estatales, destinadas a la economía social, se han ido sucediendo con mayor o menor intensidad en medidas y en dotaciones anuales presupuestarias, que se han venido haciendo efectivas tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
En el ámbito estatal culminaron en la elaboración de la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020, que estableció como objetivo la consolidación del modelo empresarial y valores de las entidades de la economía social, así como las políticas a realizar para el fomento de un modelo de crecimiento económico sostenible y solidario.
En esta misma dirección de la estrategia se han pronunciado algunas CCAA. Es el caso de Balears, con el Plan Director de Economía Social para las Illes Balears 2018-2022, que preveía un incremento del peso de la economía social del 5% del PIB y permitía una continuidad temporal más allá de la mera anualidad presupuestaria.
Junto con el Plan Director IB se aprobó el borrador de la Ley de Microcooperativas, que ha supuesto un notable incremento en el total de cooperativas constituidas, fortaleciendo el tejido de la economía social en nuestra comunidad.
Desde la aprobación de la Ley de microccoperativas, se han creado en las Illes Balears 32 microcooperativas, cifra que contrasta con el número de cooperativas creadas los años anteriores: 6 en 2016, 9 en 2017 y 6 en 2018.
A pesar de los datos positivos de los últimos años, Balears ocupa las últimas posiciones respecto al resto del estado en cuanto al número de cooperativas. Todavía nos encontramos lejos de lograr el objetivo de llegar al 5% del PIB en 5 años que se marcó en el Plan.
Para lograr un verdadero incremento de la economía social en el PIB de nuestra comunidad, sería necesario un Pacto por la Economía Social con objeto de implicar a los principales agentes económicos y sociales de Balears en la transición hacia este modelo económico más sostenible para acercarnos hacia una comunidad autónoma más competitiva, moderna y solidaria.
