De nuevo, España muestra una situación de retraso en su recuperación económica frente al resto de países occidentales. Los datos económicos nos sitúan en una situación preocupante, pero nuestros políticos lejos de hacer frente a la realidad parecen anteponer la ideología a los resultados en un entorno económico cada vez más recesivo. Hoy, parece más necesario que nunca tener algo de pragmatismo económico y dejar de lado las ideologías.
España fue el país europeo que registró la mayor caída del PIB (-11%) durante la pandemia y es prácticamente el único país europeo que aún no ha recuperado el nivel de actividad económica previo al covid. En 2022, el cuadro macroeconómico del Gobierno preveía crecimientos del PIB del 7% lo que hubiera permitido recuperar a finales de año el nivel de PIB previo a la pandemia. Pero en realidad, con un crecimiento próximo al 4% en 2022 y con la previsión recientemente anunciada por la OCDE de un crecimiento del 1,5% en 2023, la posible recuperación económica se aleja hasta 2024. Un lustro perdido sin crecimiento y, si la productividad no ha disminuido, con nula creación de empleo. España habrá visto crecer en más del 20% PIB su deuda (el doble que la media europea) y seguirá siendo el campeón del desempleo (también del juvenil), y si las predicciones son ciertas, será también el país con mayor inflación de Europa.
Pero infatigable al desaliento y con cuadros macroeconómicos que invariablemente fallan por optimistas, el gobierno actual mantiene su política económica condicionada por su ideología y con una preocupante falta de pragmatismo. Empeñado en gravar las grandes fortunas para disminuir la desigualdad, el reciente capítulo de la «guerra fiscal» es una de las plasmaciones de esa falta de pragmatismo. Acusada Andalucía de favorecer a los ricos y de dumping fiscal frente a las restantes regiones, la defensa del Gobierno autonómico es clara: el objetivo de la bonificación del Impuesto de patrimonio y de sucesiones es incrementar la recaudación fiscal del IRPF, atrayendo empresas y contribuyentes a Andalucía. Si aumenta la recaudación, aumentan los recursos para hacer políticas sociales y beneficiar a los más desfavorecidos. Por tanto, la bonificación de ambos impuestos permite luchar contra la desigualdad gracias a una política fiscal más solidaria.
La acusación de dumping es también equívoca ya que no se trata de un juego de suma cero entre comunidades autónomas. Son muchas las personas adineradas que han trasladado su sede fiscal fuera de España o que siendo extranjeros evitan tenerla en España. Bonificar cuotas significa recuperar contribuyentes que tributan en Andorra, Portugal o Suiza, y hacer atractiva Andalucía para nómadas digitales y retirados poseedores de segundas residencias en España. En vez de ser un infierno fiscal, Andalucía busca atraer talento y ampliar su base fiscal con nuevos residentes que tributan por su renta universal y que en muchos casos ya viven en nuestro país pero se cuidan bien de no tributar en él. Ampliar la base fiscal y tener más recursos permite un mayor gasto social y luchar contra la desigualdad económica.
Lógicamente todo lo dicho anteriormente sobre Andalucía lo podemos aplicar de forma multiplicada para las Balears. Seamos pragmáticos y dejémonos de imposiciones ideológicas, bonifiquemos al máximo el impuesto de patrimonio y sucesiones, blindemos la rebaja con un acuerdo amplio entre partidos y ampliemos nuestra base fiscal recuperando contribuyentes y atrayendo talento y nuevos residentes fiscales. El próximo invierno será duro para los alemanes, pero también para los turistas ingleses con una libra devaluada y no digamos para los españoles. Tres mercados que representan un 70% de nuestros turistas. Seamos pragmáticos.
