Llegan nuevos recortes. Es inevitable reducir el déficit público y recuperar la estabilidad macroeconómica que la pandemia envió al baúl de los recuerdos. Los países de la Unión Europea cuyo déficit público supere el 3% de su Producto Interior Bruto, como es el caso de España, deberán realizar ajustes severos. La propuesta de la Comisión, que debe ser aún aprobada por el Consejo de Europa, contempla que los países con una deuda pública superior al 60% del PIB o con un déficit anual por encima del 3% del PIB, como es el caso de España, deberán presentar un plan de ajuste a cuatro años con las medidas detalladas. Además, deberán recortar de forma obligada y anual el 0,5% del déficit sobre el PIB como mínimo hasta situarlo por debajo del 3%. En el caso de España, esto supondría un recorte obligado y anual del déficit de 7.000 millones de euros como mínimo.
La inflación se ha visto disparada, entre otros factores, por la discontinuidad en las cadenas de suministro que provocó la pandemia y por la guerra de Ucrania, que en sus inicios provocó un sustancial incremento del precio del petróleo. La inflación se convirtió en el gran enemigo y la política de la Reserva Federal primero y del Banco Central Europeo después se inclinaron por una constante subida de los tipos de interés. La inflación se ha moderado en los últimos meses, si bien hay que considerar que ahora se compara con su momento más álgido. Además, la inflación subyacente continúa alta. En este sentido, el indicador adelantado del Índice de Precios al Consumo de mayo sitúa su variación anual en el 3,2%, que son nueve décimas por debajo de la registrada en abril. Mientras que la tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente disminuye cinco décimas, hasta el 6,1%. La inflación y el crecimiento tienen un peso determinante en el futuro. Alemania ha entrado ya en recesión y son numerosos los economistas que apuntan a que Europa seguirá su camino más pronto que tarde, aunque se descarta que España lo haga, al menos en el corto plazo. Asimismo, todo hace pensar que Estados Unidos no entrará en recesión. De esta manera, Europa se recuperaría con prontitud.
La deuda es un elemento intrínseco al sistema económico capitalista. Tanto la deuda privada como la de las administraciones públicas tienden a aumentar, especialmente en las últimas décadas. Si en 1970 la deuda mundial era del 100% del PIB, durante la pandemia alcanzó el 256% del PIB mundial. La crisis financiera que estalló en 2008 en Estados Unidos se convirtió en una crisis de deuda que afectó de lleno a la Unión Europea. Se introdujeron estrictas normas de austeridad y recortes con el objetivo de salvaguardar la estabilidad del euro y tender a cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que se había acordado en la fundación de la Unión Europea: que los países no superen el 60% de deuda pública sobre el PIB ni el 3% de déficit. Después de una crisis que se alargó durante una década, la economía vivió un nuevo ciclo expansivo hasta la pandemia de COVID-19, aunque durante los tiempos de bonanza ya se detectó la dificultad por parte de los estados de cumplir los objetivos del PEC. Y con el confinamiento, las reglas fiscales se suspendieron en toda la Unión Europea para poder ofrecer ayuda a familias y empresas perjudicadas por las restricciones sociales y a la actividad económica, con una política monetaria opuesta a la de la Gran Recesión. La suspensión de las reglas fiscales se ha alargado hasta 2023 incluido, periodo durante el cual el endeudamiento ha experimentado un gran aumento. En febrero de este año, la deuda de las administraciones públicas españolas era de 1,52 billones de euros, el 113,2% del PIB.
Sin embargo, la creciente inflación ha hecho precipitar la retirada de estímulos fiscales y subir rápidamente el tipo de interés. En julio de 2022 tuvo lugar la primera subida de 0,50 puntos, poniendo fin al 0% que perduraba desde 2016. En septiembre la subida fue de 0,75 puntos, igual que en noviembre. En diciembre, febrero y marzo se aumentó 0,50 puntos y en mayo, 0,25 puntos, con lo que el tipo de interés oficial se sitúa actualmente en el 3,75%. Ahora, los recortes para reducir el déficit público parecen casi inevitables.
El recorte anual obligatorio del 0,5% del déficit incluido en la propuesta que la Comisión presentó semanas atrás no estaba previsto inicialmente. Se ha producido después de que algunos países pidiesen referencias numéricas concretas para garantizar los ajustes. Alemania pretendía que los países rebajasen la deuda un 1% el PIB cada año. Ha sido eliminada también la norma que obligaba a recortar la deuda en un veinteavo de su volumen anualmente. El Ejecutivo comunitario, en todo caso, ha introducido algunos controles para asegurar que todos los países cumplen con los ajustes. En este sentido, la deuda no podrá ser más alta al final del plan que al inicio y el aumento del gasto público, sin contar las prestaciones por desempleo e intereses de la deuda, tendrá que mantenerse por debajo del crecimiento a medio plazo.
En cualquier caso, el Gobierno de España se comprometió en abril, tanto en el Programa de Estabilidad 2023-2026 como en el Programa Nacional de Reformas 2023, a limitar el déficit público al 3% en los presupuestos de 2024, un año antes de lo previsto. Argumentaba que su previsión está avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que puede reducir el déficit porque lo permiten el crecimiento, la creación de empleo y el impacto del plan de recuperación. En 2022 el déficit público alcanzó el 4,8% del PIB y en 2023 se prevé que sea del 3,9%.
Carles Manera, catedrático de de Historia e Instituciones Económicas del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears y consejero del Banco de España, y Antonio Alcover, profesor de Economía de la Universitat de les Illes Balears, tienen pareceres divergentes en política económica y sobre las prioridades a la hora de abordar la reducción del gasto público y del déficit, pero coinciden en que en la actualidad existen contradicciones en la política monetaria de la Unión Europea. Manera explica que se pide consolidación fiscal -reducción del déficit mediante recortes del gasto o aumentos de los ingresos- pero, a la vez, inversión y apoyo a los más vulnerables. «La Comisión Europea pide una consolidación fiscal que se relaciona con el aumento del déficit en los últimos años, pero al mismo tiempo ha manifestado que se debe seguir inviertiendo con los fondos Next Generation y que se tiene que apoyar a las personas más vulnerables. Existe una contradicción en el sí de la Unión Europea», indica. Mientras que Alcover explica las dos ideologías que pugnan por imponer su visión. «Los halcones de la Eurozona están encarnados en la figura del vicepresidente letón de la Comisión Dombrovsky, y los moderados, representados por el comisario italiano de Economía Gentiloni. Se trata de dos posturas enfrentadas donde los ortodoxos desean evitar que el exceso de políticas populistas anule los compromisos comunes y pongan en riesgo la moneda común frente a visiones más laxas que hablan de planificaciones a largo plazo que incluyan incluso el ciclo político para evitar las tensiones sociales», señala.
¿HABRÁ RECORTES? La primera pregunta que aparece cuando se habla de reducir el déficit es si habrá recortes y, sobre todo, si las reducciones presupuestarias afectarán al estado del bienestar, es decir, al gasto en sanidad, educación y servicios sociales.
«No habrá grandes recortes si no aparecen facturas en los cajones ni se produce una caída drástica de la recaudación», apunta Alcover. «Se puede recortar por dos vías, aumentando la recaudación fiscal o disminuyendo el gasto. Hasta ahora se ha aumentado la recaudación fiscal con más impuestos y no deflactando el PIB en el IRPF. Esta vía ya muestra cierto agotamiento», añade Alcover.
Por su parte, Manera considera «difícil» cumplir con los recortes sin tocar el estado del bienestar. «Dependerá de cómo sean los presupuestos públicos y de cómo lo hagan quienes los gestionen. Habrá que ver cómo encajar estos recortes y que como Gobierno cumplan y ejecuten los fondos Next Generation. El margen fiscal es mínimo, porque hay una inversión y un gasto que hay que hacer. No creo que un gobierno progresista plantee recortes en el estado del bienestar de forma convincente. Los conservadores sí que lo hicieron. Juega un papel muy relevante la política económica y social del gobierno de turno», comenta Manera.
Antonio Alcover opina que hay partidas de ayudas que se pueden recortar. «Medidas como los bonos, la gratuidad de las cercanías… no son antiinflación, sino que empujan más la inflación por la vía del gasto. Algunas se tendrán que recortar. Hay que hacer recortes que no afecten a la estructura productiva del país por la vía de la disminución de la presión fiscal, aumentando el PIB y el empleo. Esta es la vía liberal», puntualiza. Preguntado por si considera que se tenían que tomar medidas por la pandemia y por la subida de la inflación, considera que sí. «Sí se tenía que hacer política social. Se podía hacer de otra forma, deflactando tarifas y bajando el IVA y el IRPF», indica. Asimismo, es escéptico sobre los ingresos presupuestados en la CAIB para este 2023. «En la CAIB hay presupuestados 1.000 millones en recaudación por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando vemos que ya están cayendo las hipotecas. Se está desinflando la recaudación por ITP y se les ha ido la mano con la carrera profesional. En el primer trimestre ha habido 300 millones de déficit en la Comunitat, 100 millones al mes. A este ritmo acabaremos el año con 1.200 millones de déficit. Se han aprobado bastantes medidas y te puedes atragantar con ellas», indica.
En cambio, Carles Manera considera que ahora no es el momento de hacer recortes. «Es adecuado si tienes una salida económica clara, pero en estos momentos, de datos macroeconómicos positivos pero con una gran incertidumbre, no es el momento. Hay una guerra y ya ha habido algún susto, como el techo de gasto de Estados Unidos. Cuando la economía va bien, es el momento de hacer una consolidación fiscal. Ahora Alemania está en recesión y es prematuro», señala. En cualquier caso, deja claro que apuesta por una consolidación fiscal gradual y hecha con bisturí. «El programa de consolidación fiscal debe hacerse de forma gradual, no de forma abrupta como se hizo en 2012. Esto lo dice el Banco de España. Hay que tener en cuenta el contexto, no se puede jugar con una hoja de cálculo. Es la única forma de infrigir el menor daño posible. Cualquier recorte abrupto acaba por tener consecuencias peores. Una caída drástica en la inversión genera un descenso de la actividad económica, que impacta de forma negativa en los ingresos fiscales, y al final acaba aumentando el déficit y la deuda», indica. Manera es consejero del Banco de España. Preguntado por si tiene una opinión contraria a lo que ha manifestado el organismo, favorable a reducir la deuda pública y el déficit, es claro. «El Banco de España pide que se reduzca el déficit, pero del Banco de España se destaca lo que se quiere. Su informe de estabilidad financiera de 2022 también indica con toda claridad que hay que seguir dando auxilio a colectivos vulnerables y explica que la inflación se ha generado por los márgenes empresariales», pone de manifiesto.
Mientras que Antonio Alcover hace memoria de la situación que ha llevado a aumentar los tipos de interés. «El sur de Europa ya se encontraba en una situación económica descendiente cuando llegó el covid. La pandemia provocó que Europa apostara por una política monetaria y fiscal expansiva y un programa de compras amplio que penalizaba al que tenía dinero si no lo utilizaba. Europa se endeudó en lugar de los países y regaló dinero a los estados para que introdujeran cambios en su estructura productiva, los Fondos Next Generation. A España le tocaron 70.000 millones de euros y podía optar a 70.000 millones más a un tipo de interés muy bajo. La recuperación económica ha sido más fuerte de lo esperado y la gran cantidad de dinero insertado en la economía ha provocado inflación», explica Alcover.
