Es la norma mercantil de referencia, es decir la Ley de Sociedades de Capital, la legislación que establece quien tendrán obligación de someter su contabilidad a auditoría. Esta norma dice que serán aquellas entidades que superen los límites siguientes, es decir, que durante dos años consecutivos concurran al menos dos de las tres siguientes circunstancias: que el total de las partidas de activo superen 2.850.000 euros, que el importe neto de su cifra de negocio supere los 5.700.000 euros y/o que el número medio de trabajadores durante el ejercicio supere los 50 trabajadores.
Si se cumplen al cierre del ejercicio, en este caso el pasado 2023, al menos dos de estas tres circunstancias, hay que vigilar si también se cumplieron el año anterior (2022), puesto que, de ser así, sería en este segundo año, 2023, cuando hay obligación de auditar la contabilidad. Del mismo modo, si una empresa está obligada a someter su contabilidad a auditoría, deberán de transcurrir dos ejercicios sin cumplir dos de las tres magnitudes comentadas, para dejar de tener obligación de auditoría en el segundo ejercicio.
Si enfrentamos estos límites a los de si podemos realizar las cuentas anuales de forma abreviada o normal, recordamos que desde 2016 se establecen nuevos límites para poder formular el balance de situación y el estado de cambios de patrimonio neto abreviados, eso provocó que, al aumentar los límites para poder formular balance abreviado, ya no siempre existirá la equivalencia de si puedo formular el balance abreviado significa que no tengo obligación de auditar.
El aspecto de los parámetros cuantitativos que hemos mencionado (activos, cifra de negocio y personal medio) es entre la sociedad empresarial, el aspecto más conocido a la hora de determinar la obligación de auditarse o no. Pero vale la pena indicar que no es el único. Así en la normativa española, se establece que también tendrán obligación de auditar su contabilidad, las siguientes entidades: a) entidades que reciban subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o fondos de la UE, por un importe superior a 600.000 euros, b) entidades que realicen obras, gestión de servicios públicos y asistencia a las Administraciones Públicas por un importe superior a 600.000 euros y éste represente más de un 50% del importe neto de su cifra de negocios anual, c) cuándo lo soliciten los socios que representen más de un 5% del Capital Social, d) Por mandato judicial y por último las fundaciones con determinados requisitos.
También hay que recordar que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) va publicando su Memoria de Actividades, en la que informa sobre la actuación reguladora y de supervisión realizada por este organismo durante el año anterior. En esta información se incluyen interesantes datos sobre las sanciones por el incumplimiento de la obligación de formular y de presentar las cuentas anuales en Registro, por ejemplo que 2.639 euros de multa media en 2022 por no presentar las cuentas anuales y la posibilidad de revocar el número de identificación fiscal de una sociedad si no presenta sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Recordemos que los administradores son los máximos responsables de cumplir con la norma que le aplica a las empresas y a la formulación de las cuentas anuales y que cuando una entidad esté obligada a auditar su contabilidad, deberá nombrar al auditor antes de que finalice el ejercicio que debe ser auditado mediante acuerdo en Junta General de Socios.
