Así, se introduce en primer lugar una bonificación del 100% de la cuota íntegra del impuesto para beneficiarios incluidos en los grupos de parentesco I y II (descendientes, cónyuges y ascendientes). También se introduce una bonificación del 25% de la cuota íntegra para beneficiarios incluidos en grupo III (colaterales de segundo o tercer grado por consanguinidad). Dicha bonificación será del 50% cuando no concurran con descendientes o adoptados del causante. Las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones persiguen ser un estímulo que facilite la transferencia de patrimonio, con la aspiración de fomentar la actividad económica y salvaguardar el legado familiar.
Venimos observando que desde la aprobación de dichas medidas se ha producido un notable incremento del número de pactos sucesorios otorgados en Balears. En particular, en cuanto afecta a participaciones en empresas familiares. No es de extrañar, en la medida en que el marco regulatorio actual implica que la transmisión no genere carga tributaria en sede del transmitente ni del beneficiario.
Marco acertado a nuestro juicio, en la medida que la transmisión de empresas familiares permite la entrada al accionariado de nuevas generaciones que impulsan su modernización y crecimiento, con los consecuentes efectos positivos que ello genera en la economía balear.
Dice el proverbio marinero que «en calma de mar no creas, por sereno que lo veas». En el marco de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024, el grupo parlamentario Sumar ha propuesto a la ministra de Hacienda la instauración de un impuesto estatal sobre sucesiones y donaciones. La intención es eliminar las disparidades en la tributación actualmente existentes entre las diferentes Comunidades Autónomas. Tal y como ya sucedió con el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que recientemente ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, la propuesta busca establecer una tributación común para todo el territorio español en la que los contribuyentes se deduzcan el impuesto ya pagado a nivel autonómico. Esto se traduciría en que solo aquellos contribuyentes residentes en las Comunidades Autónomas que tienen el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones bonificado, como sucede en las Illes Balears, resulten en una cuota a pagar.
Si bien la ministra de Hacienda se ha apresurado a desmarcarse de esta propuesta por no formar parte del pacto de coalición, no cabe abstraerse de la compleja aritmética parlamentaria que acompaña a la presente legislatura. En un escenario como el actual, no resulta posible afirmar con rotundidad que lo que hoy no es prioridad mañana sea necesidad. Saquen sus propias conclusiones.
