Estos tipos de impuestos se llaman Pigouvianos, en honor de A.C. Pigou, economista británico de principios del S.XX, que fue el pionero de que la mejor solución para resolver el problema de la externalidad negativa es gravarla. Se trata de establecer un canon cuyo objeto es recuperar los espacios naturales y evitar la excesiva masificación en la temporada turística. El canon que se establece sería de cuota variable, en función de la duración de la estancia. Se exigiría a la entrada por puerto o aeropuerto, aunque su devengo se formalizará a la salida. La cuantía del canon la liquidará AENA y la Autoridad Portuaria y se exigiría a aquellos viajeros que permanezcan en el territorio de la CC.AA. más de dos días y menos de 6 meses. Este canon sería un impuesto que recae directamente sobre todos los no residentes. Su efecto sobre la demanda turística dependería de la reacción del mercado ante esa subida de precios. Hay países como Bután, el Himalaya y Japón (que se lo está planteando) que imponen tasas diarias muy elevadas (de hasta 185 € diarios en Bután). La ventaja que tiene es que se puede regular para tener la población que evite la masificación poniendo tasas muy bajas fuera de temporada e incrementándose en temporada alta. La atracción de Eivissa es tan grande que la demanda probablemente sólo reaccionaría a tasas muy altas lo que permitiría crear un Fondo Medioambiental muy elevado. Al principio del siglo XXI se intentó establecerla, pero no fue posible por la falta de colaboración de AENA. Estos impuestos son neutrales y se podrían complementar con el IVA turístico que se quiere implantar al alquiler turístico y con la regulación de vehículos que entren en la isla como ha hecho Formentera.
Cuando la afluencia masiva de no residentes (sean turistas o no) perjudica a otro grupo que son los residentes tiene que intervenir la administración pública para poner las reglas. Y esas reglas no deben crear discriminación entre modelos de negocios evitando perjudicar a una parte de la población respecto a otra, pero no debe olvidar que su obligación más importante es invertir en viviendas para el alquiler social, como hacen la mayoría de los países europeos.
