La Junta Electoral de Barcelona autoriza un acto de ERC en la cárcel de Lledoners

En el acuerdo, la Junta relata que ha recibido este martes un informe que solicitó al Servicio de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat y que resulta «favorable a que todas las candidaturas que lo estimen oportuno puedan realizar un debate con los internos que voluntariamente quieran, en un espacio que se habilitaría a tal efecto».

Este informe de instituciones penitenciarias afirma que «no hay afectación de problemas de seguridad, siempre condicionado a una serie de exigencias».

Con ello, «se garantiza la aplicación del artículo 23 de la Constitución y el art.3 de la Ley General Penitenciaria», según la institución, que ha pedido que se soliciten este tipo de actos con cinco días de antelación, pudiéndose celebrar la de este jueves.

La Junta ha acordado autorizar el acto en esta prisión de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) «con las limitaciones y exigencias» que indique esta administración, y ha informado al resto de candidaturas que si quieren solicitar un acto electoral deben solicitarlo a la Administración Penitenciaria con cinco días de antelación.

A raíz de la petición de ERC del 11 de abril, la Junta Electoral Central (JEC) acordó que debía ser la junta provincial competente la que valorara este acto, en amparo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

El acuerdo de la Junta explica que la Constitución declara que los presos gozan de los derechos fundamentales del Capítulo segundo, a excepción de los que se vean expresamente limitados, y la Carta Magna incluye también el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos».

Recoge que la Ley penitenciaria señala que los internos podrán ejercitar «los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio», salvo que fuese incompatible con la condena.

Teniendo en cuenta estos preceptos legales y constitucionales, la Junta de Barcelona ha considerado que «el debate de los programas electorales de las distintas candidaturas concurrentes en las elecciones generales, con los internos en centros penitenciarios favorece dichos derechos», y menciona que la JEC ya autorizó un acto durante las elecciones andaluzas.

También indica que no hay oposición de la Administración penitenciaria por razones de seguridad a que se puedan realizar los actos, y que en el informe de esta institución «queda salvaguardado el deber de neutralidad política que los poderes públicos deben observar estrictamente durante los periodos electorales, así como el respeto a los principios de transparencia, objetividad e igualdad entre los candidatos».