Feijóo ofrece seis pactos de estado y gobernar junto al Congreso

Ante su falta de apoyos para ser elegido presidente, Feijóo se ha dirigido al resto de fuerzas, a los que ha dicho que espera lograr la mayoría necesaria «dejando atrás coaliciones de intereses para beneficio de unos pocos» y «abriendo una nueva etapa de grandes pactos de estado que sirvan a todos». Feijóo ha ofrecido un Gobierno con tres objetivos: «dejar atrás bloques y bloqueos», «garantizar la estabilidad del país» y abordar un «un programa de reformas a través de grandes acuerdos: en el conjunto, y comunidad a comunidad».

«No pretendo gobernar en soledad, mi planteamiento es apoyarme en un trabajo colectivo que se desarrolle en esta Cámara y también con la sociedad», ha ofertado además el líder de los populares. Feijóo ha reivindicado asimismo su diálogo con las diferentes fuerzas, del que «de inicio» solo excluyó a EH Bildu, sobre el que se ha dicho que se debería «prohibir por ley» que lleven terroristas en sus listas y que hagan homenajes a etarras.

También ha agradecido los apoyos de los 33 diputados de Vox, a los que reconoce su «respaldo responsable y generoso» y que no hayan condicionado su apoyo a su presencia en un Gobierno, y de los dos diputados de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

Para defender que «hay otro camino» que no pasa por un Gobierno de Pedro Sánchez que descanse en el independentismo catalán, Feijóo ha recordado que con sus votos el PP le dio la alcaldía de Barcelona al PSC o la Diputación de Guipúzcoa al PNV. A ambos grupos les ha dicho que no se arrepiente de haberles dado sus votos, aunque ahora se nieguen «a pactar a cambio de algo con quien les dio su apoyo a cambio de nada».

En otro orden de cosas, Feijóo ha propuesto bajar el IRPF para rentas de hasta 40.000 euros, extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas y eximir a los autónomos del pago de impuestos en sus dos primeros años de actividad. El candidato 'popular' ha planteado también promover las inversiones con una oficina de proyectos industriales estratégicos, un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de las empresas emprendedoras, implementar una rebaja temporal de las cotizaciones y crear desgravaciones para nuevas inversiones Feijóo ha destacado la necesidad de un pacto por el saneamiento de la economía -«integrando a agentes sociales y económicos»- dado que España está «a la cola en recuperación del PIB prepandemia», a la cabeza en paro estructural y con una deuda pública «desorbitada».

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Entre sus propuestas económicas también figura que los recursos procedentes del impuesto a la banca se destinen a las familias que no pueden pagar su hipoteca, agilizar el ingreso mínimo vital y fijar un calendario en el seno del diálogo social para que el salario mínimo interprofesional alcance el 60 % del salario medio.

Asimismo, aboga por mantener las medidas para contener la inflación hasta que se controlen los precios, entre ellas el tipo reducido del IVA para la electricidad y el gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables o la gratuidad del transporte público, aunque con límite de renta. A nivel más global, Feijóo pretende lograr un crecimiento real medio de la economía del 2,5 % en la próxima década, para lo que sería necesario reformar la administración para hacerla más eficiente, «dar mayores facilidades a los empleadores» e implementar una reforma fiscal.

La reforma fiscal debería partir de los trabajos del comité de expertos y tomar «como ejemplo las comunidades donde se han aplicado reformas selectivas», con el objetivo de contribuir a la creación de empleo, hacer más atractiva la vida rural «con una política de impuestos cero en estos entornos» y mejorar la equidad. En ese sentido, defiende que la fiscalidad del patrimonio «nos acerque al resto de Europa y no atente contra las competencias económicas», aunque no ha detallado su propuesta. En relación a los fondos europeos, ha reclamado transparencia, renegociación para que los fondos lleguen de manera más ágil a los sectores y «cogobernanza» con comunidades autónomas, agentes sociales y económicos y el Parlamento.

El candidato 'popular' ha asegurado que si llega a formar Gobierno propondrá al Congreso la creación de una comisión de investigación sobre «las razones del cambio de posición» sobre el Sáhara Occidental del ejecutivo de Sánchez. Además apostará por aprovechar el semestre de Presidencia española de la UE para lanzar un debate sobre «el equilibrio entre solidaridad y control de fronteras», especialmente a la luz de la llegada masiva de emigrantes y refugiados a la isla italiana de Lampedusa.

Feijóo ha ofrecido, además, aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cinco años en funciones, a la vez que propondrá una ley para reformar su sistema de elección. Así, ha defendido la necesidad de garantizar la independencia judicial y que en el nuevo CGPJ no haya políticos. También se ha pronunciado en favor de garantizar la absoluta independencia de la Fiscalía General del Estado y de acabar con las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, unas propuestas que ha mezclado con críticas a actitudes de algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la justicia y la ley del 'sólo sí es sí'.

Ha garantizado su compromiso con la transición ecológica, pero sin «dictadura activista», y ha asegurado que no contribuirá al enfrentamiento entre el campo y los ecologistas ni entre territorios por la falta de agua, que ha señalado como una «cuestión de Estado». «Transición ecológica sí, dictadura activista en ningún caso», ha defendido Feijóo en el debate de investidura, en el que ha propuesto un gran «Acuerdo Nacional del Agua» que sea «constructivo, reflexivo y pragmático» y que incluya, entre otras medidas, un plan de acción con 40.000 millones de euros en inversiones hídricas en seis años.

Finalmente, el candidato del PP a la investidura ha propuesto un plan de vivienda que incluya un incremento de la oferta «aprovechando suelos públicos ociosos» y desokupar viviendas «en 24 horas». Feijóo ha abogado por garantizar «seguridad jurídica» a los propietarios porque «las okupaciones de inmuebles no paran de incrementarse». «No se puede presumir de compromiso social y luego ignorar situaciones», ha resumido, «es inaceptable. Hay que cambiar la ley para desokupar en 24 horas». El líder del PP ha cargado contra la política de vivienda de la pasada legislatura, cuando «el precio del alquiler no ha dejado de crecer», lo que demuestra el fracaso del tope a los precios.