Belgrado rechazó la acusación del Tribunal Internacional para
juzgar los crímenes en la antigua Yugoslavia contra el presidente
Slobodan Milosevic y la consideró como parte de las presiones de la
OTAN a los dirigentes yugoslavos, que además retrasará la solución
de la actual crisis. «Este es un intento de los que se oponen a la
solución política y pacífica (del actual conflicto) de oponer
resistencia a la ofensiva diplomática (encabezada por Rusia)», dijo
el Gobierno yugoslavo.
«Las más recientes presiones (la acusación) contra Yugoslavia
incidirán de forma negativa en el curso de las negociaciones en
Moscú... lo que era el principal objetivo de Washington», según la
agencia oficial yugoslava Tanjug. Uno de los dirigentes de la
oposición moderada serbia, Kosta Cavoski, interpretó la acusación
como un intento de «echar de las negociaciones» a Milosevic.
El Gobierno yugoslavo, sin embargo, eludió cerrar del todo el
camino negociador insistiendo en que este «espectáculo sin sentido
no puede reducir el significado y las perspectivas de la iniciativa
política y diplomática del presidente yugoslavo ... por detener con
urgencia la agresión». El Gobierno federal insistió en su
comunicado en que la acusación «sólo prueba una vez más que el
Tribunal Internacional para juzgar los crímenes en la antigua
Yugoslavia no es ninguna institución de derecho y justicia, sino un
mero instrumento para la aplicación de las órdenes de Washington y
Bruselas». El Gobierno de Belgrado destacó que la la OTAN pretende
«ocultar sus crímenes».
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