La crisis de la dioxina se extiende ya al sector vacuno, al
utilizarse piensos conteniendo este producto cancerígeno. El
escándalo, que comenzó en el sector del pollo belga, rápidamente
tomó dimensiones europeas y alcanzó al sector porcino, cuando el
Gobierno belga decidió cerrar 500 mataderos a la espera de análisis
sobre animales presuntamente intoxicados.
La Comisión Europea adoptó ayer medidas de salvaguardia que
abarcan todo el ganado procedente de Bélgica que haya podido estar
contaminado con dioxina. Las restricciones van a ser extendidas a
los productos de porcino y vacuno procedentes de explotaciones que
estén sometidas a control por las autoridades belgas y que hayan
salido de dichas granjas desde el pasado 15 de enero.
Las medidas afectan a 150 explotaciones en el caso del vacuno y
unas 500 en el caso del porcino. Insistió en que no se trata de
cerrar explotaciones, sino de una operación de verificación y de
tipo preventiva.
Las mismas fuentes comentaron, ante la posibilidad de ampliar
las medidas a sectores como el ovino, que «no se puede excluir,
pero no hemos recibido información sobre esos sectores». La
decisión de la Comisión será adoptada por un procedimiento de
urgencia, sin esperar el aval del Comité Veterinario de la UE.
Horas antes, el ministro belga de Agricultura, Luc van den
Bossche, informaba de que el control sobre una eventual
contaminación con dioxina se extendía también al ganado vacuno para
evitar «toda incertidumbre». Sin embargo, las autoridades belgas se
apresuraron a aclarar que ello no quiere decir que estos animales
estén afectados por la contaminación. Las autoridades belgas
investigan todas las pistas que puedan desvelar el origen exacto de
la contaminación con dioxina, sustancia considerada
cancerígena.
Mientras tanto, el partido político «Vivant» ha presentado una
denuncia contra el gobierno belga por «no asistencia a personas en
peligro» y «tentativa de asesinato». En una gendarmería de
Libramont (sur del país) han presentado como prueba doce huevos
comprados en un establecimiento, cuya fecha límite de consumo es el
21 de mayo y han pedido que se analicen para ver si contienen
restos de dioxina.
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