La Comisión Europea inició ayer un procedimiento de infracción
contra Bélgica por su actuación en el escándalo de la dioxina, al
tiempo que 3.000 agricultores belgas exigieron indemnizaciones por
los daños económicos que están sufriendo.
El Ejecutivo comunitario envió una carta de emplazamiento al
Gobierno belga, que tendrá que responder a ese requerimiento en un
periodo de diez días.
Si las explicaciones de las autoridades belgas no resultan
convincentes, el Ejecutivo comunitario les enviará un dictamen
motivado, instándoles a que respeten la normativa de la UE. La
última fase del procedimiento de infracción podría ser, llegado el
caso, una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. La
Comisión acusa a Bélgica de haberse retrasado en la comunicación de
la contaminación y de no respetar la decisión del 11 de junio, en
la que prohibió la comercialización de los productos lácteos, junto
con otros productos ganaderos, procedentes de las explotaciones
afectadas por la contaminación.
Inspectores de la Unión Europea y nacionales revisarán las
instalaciones de la empresa Coca-Cola en Bélgica y Francia para
intentar determinar el origen de la intoxicación sufrida por
consumidores de productos de esa marca, señalaron fuentes
comunitarias.
Las inspecciones, anunciadas ayer por la Comisión Europea, se
llevarán a cabo «en los próximos días» en instalaciones de
Coca-Cola en Amberes y en Francia será en Dunquerque, ésta última
empresa es la principal embotelladora de esa firma en Europa.
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