Los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y José María Aznar, del
Gobierno de España, decidieron ayer en Caracas mantener «mucha
discreción» en lo referente a los presuntos miembros de la banda
terrorista ETA afincados en este país sudamericano. «Seguiremos
hablando de estas cuestiones dentro de dos criterios básicos: la
discreción para actuar con más eficacia y dentro del más amplio
espíritu de absoluta cooperación», respondió Aznar en una rueda de
prensa en el palacio presidencial venezolano con motivo de su
visita oficial a Caracas.
Por su parte, el presidente Chávez insistió en mantener «la
mayor discreción posible» en el manejo del asunto, calificó el
terrorismo de «aberrante» y manifestó su disposición a cooperar en
«la noble tarea» emprendida por Aznar en el proceso que conduzca
hacia la pacificación del País Vasco.
«En cuanto al manejo interno de la problemática de las personas
que llegaron hace años y que tienen la calidad de refugiados
políticos, es un tema complejo y delicado que estamos obligados a
manejarlo con la mayor discreción posible y dentro de un marco de
cooperación» expresó Chávez en la misma rueda de prensa.
Entre 1984 y 1990 Venezuela recibió a casi una treintena de
presuntos etarras procedentes de Francia, Argelia y Panamá en
calidad de «huéspedes vigilados» y por acuerdos entre gobiernos, y
a ellos se sumó un número indeterminado más que se afincó en
Venezuela por iniciativa propia.
España ha solicitado la extradición de cinco de ellos -Miguel
Angel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urteaga, José
Lorenzo Ayestarán y José Martín San Sebastián-, todos ellos
acusados de múltiples asesinatos y otros actos de terrorismo, pero
el trámite de dichas peticiones se encontraba hasta ahora
virtualmente paralizado en la primera instancia gubernamental.
Otros ocho presuntos etarras han podido retornar a España
recientemente al haber prescrito los delitos de que se les
acusaba.
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