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Los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y José María Aznar, del Gobierno de España, decidieron ayer en Caracas mantener «mucha discreción» en lo referente a los presuntos miembros de la banda terrorista ETA afincados en este país sudamericano. «Seguiremos hablando de estas cuestiones dentro de dos criterios básicos: la discreción para actuar con más eficacia y dentro del más amplio espíritu de absoluta cooperación», respondió Aznar en una rueda de prensa en el palacio presidencial venezolano con motivo de su visita oficial a Caracas.

Por su parte, el presidente Chávez insistió en mantener «la mayor discreción posible» en el manejo del asunto, calificó el terrorismo de «aberrante» y manifestó su disposición a cooperar en «la noble tarea» emprendida por Aznar en el proceso que conduzca hacia la pacificación del País Vasco.

«En cuanto al manejo interno de la problemática de las personas que llegaron hace años y que tienen la calidad de refugiados políticos, es un tema complejo y delicado que estamos obligados a manejarlo con la mayor discreción posible y dentro de un marco de cooperación» expresó Chávez en la misma rueda de prensa.

Entre 1984 y 1990 Venezuela recibió a casi una treintena de presuntos etarras procedentes de Francia, Argelia y Panamá en calidad de «huéspedes vigilados» y por acuerdos entre gobiernos, y a ellos se sumó un número indeterminado más que se afincó en Venezuela por iniciativa propia.

España ha solicitado la extradición de cinco de ellos -Miguel Angel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urteaga, José Lorenzo Ayestarán y José Martín San Sebastián-, todos ellos acusados de múltiples asesinatos y otros actos de terrorismo, pero el trámite de dichas peticiones se encontraba hasta ahora virtualmente paralizado en la primera instancia gubernamental.

Otros ocho presuntos etarras han podido retornar a España recientemente al haber prescrito los delitos de que se les acusaba.