Los agricultores belgas protestaron ayer en las calles de Bruselas
por su situación económica tras la crisis de la dioxina y por la
gestión del Gobierno en el mayor escándalo alimentario de la
historia del país. Pese a la envergadura de la crisis, la
manifestación, en la que se registraron incidentes, quedó muy por
debajo de las expectativas de las organizaciones convocantes.
Según la Gendarmería, sólo hubo 3.600 participantes, muy por
debajo de las cifras de los organizadores, que hablaron de 10.000
personas. El lema de la manifestación, en la que también
participaron miembros de las empresas agroalimentarias belgas, fue
«la salud del consumidor es nuestra existencia», aunque también
destacaron las pancartas relativas a la «muerte de la
agricultura».
Durante el recorrido, según la Gendarmería, se registraron
enfrentamientos, con el resultado de dos heridos leves entre los
manifestantes, que además lanzaron algunas barras en la calzada y
rompieron buzones de correos y papeleras. Al inicio de la protesta,
los agricultores agredieron a periodistas y cámaras de televisión
con huevos, piedras y otros proyectiles.
Los manifestantes reprocharon a los periodistas haber difundido
«falsas informaciones» sobre la crisis de la dioxina y haber
sobredimensionado el escándalo alimentario. Los policías utilizaron
gases lacrimógenos para dispersar a los alborotadores, que, de
acuerdo con el servicio de orden de la propia manifestación,
pertenecían a la organización Jóvenes Agricultores Belgas.
Al final de la marcha hubo más incidentes: según la emisora de
radio RTL se volcó un coche de la televisión en la Rue de
Luxembourg, prácticamente al final del recorrido, al lado de la
sede del Parlamento Europeo. El dispositivo de seguridad previsto
para este acto de protesta fue de 2.700 agentes de Policía.
Los agricultores y los integrantes de la cadena alimentaria
belga quieren conseguir «un fuerte apoyo» del Gobierno y de la
Unión Europea que les sirva para salir de la crisis, señalaron las
organizaciones convocantes de la manifestación.
Los agricultores y las empresas comercializadoras se tendrán que
repartir la factura económica de la crisis de la dioxina, que
asciende a 60.000 millones de francos belgas (1.500 millones de
euros, unos 1.600 millones de dólares), según el informe de una
comisión de estudio.
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