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Los agricultores belgas protestaron ayer en las calles de Bruselas por su situación económica tras la crisis de la dioxina y por la gestión del Gobierno en el mayor escándalo alimentario de la historia del país. Pese a la envergadura de la crisis, la manifestación, en la que se registraron incidentes, quedó muy por debajo de las expectativas de las organizaciones convocantes.

Según la Gendarmería, sólo hubo 3.600 participantes, muy por debajo de las cifras de los organizadores, que hablaron de 10.000 personas. El lema de la manifestación, en la que también participaron miembros de las empresas agroalimentarias belgas, fue «la salud del consumidor es nuestra existencia», aunque también destacaron las pancartas relativas a la «muerte de la agricultura».

Durante el recorrido, según la Gendarmería, se registraron enfrentamientos, con el resultado de dos heridos leves entre los manifestantes, que además lanzaron algunas barras en la calzada y rompieron buzones de correos y papeleras. Al inicio de la protesta, los agricultores agredieron a periodistas y cámaras de televisión con huevos, piedras y otros proyectiles.

Los manifestantes reprocharon a los periodistas haber difundido «falsas informaciones» sobre la crisis de la dioxina y haber sobredimensionado el escándalo alimentario. Los policías utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los alborotadores, que, de acuerdo con el servicio de orden de la propia manifestación, pertenecían a la organización Jóvenes Agricultores Belgas.

Al final de la marcha hubo más incidentes: según la emisora de radio RTL se volcó un coche de la televisión en la Rue de Luxembourg, prácticamente al final del recorrido, al lado de la sede del Parlamento Europeo. El dispositivo de seguridad previsto para este acto de protesta fue de 2.700 agentes de Policía.

Los agricultores y los integrantes de la cadena alimentaria belga quieren conseguir «un fuerte apoyo» del Gobierno y de la Unión Europea que les sirva para salir de la crisis, señalaron las organizaciones convocantes de la manifestación.

Los agricultores y las empresas comercializadoras se tendrán que repartir la factura económica de la crisis de la dioxina, que asciende a 60.000 millones de francos belgas (1.500 millones de euros, unos 1.600 millones de dólares), según el informe de una comisión de estudio.