La Cámara de los Lores, máxima instancia de la Justicia británica,
decidió ayer que el Reino Unido deberá pagar los costos de la
defensa del senador vitalicio chileno relacionados con la vista
judicial cuyo fallo fue anulado, en la que Pinochet alegó inmunidad
soberana como argumento en contra de la extradición.
Aunque la Cámara de los Lores no establece cuál fue el coste del
proceso, en medios judiciales se estima que puede alcanzar unos
seis millones de libras (1.500 millones de pesetas).
Esta orden de la Cámara de Lores es inapelable y se refiere a
cuatro vistas judiciales distintas: una en el tribunal de primera
instancia o High Court londinense, el 28 de octubre, y otras tres
en el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores. Las cuatro
vistas judiciales, celebradas en un periodo de seis meses y en las
que intervinieron algunos de los jueces más prestigiosos del país,
se centraron en la inmunidad soberana que según la defensa poseía
Pinochet, y que impedía que fuera extraditado.
Tras una victoria inicial en la High Court, que reconoció la
inmunidad de Pinochet, la defensa sufrió dos derrotas en la Cámara
de los Lores, pero la primera, en noviembre, fue anulada, por
posible parcialidad de uno de los jueces, vinculado con la
organización con Amnistía Internacional. La anulación del dictamen,
el 17 de diciembre, comportó una revisión previa de la vista y la
celebración de una audiencia en la Cámara de los Lores para
anunciar la decisión sin precedentes en la justicia británica.
Un nuevo Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores,
compuesto por jueces-lores diferentes a los que presidieron la
primera vista, volvió a anular la decisión del tribunal de primera
instancia que reconoció la inmunidad de Pinochet.
En esa ocasión, la Cámara de los Lores concluyó, el 24 de marzo
pasado, que Pinochet no goza de inmunidad soberana, aunque limitó
sustancialmente los cargos por los que podría ser extraditado a
España.
El senador vitalicio chileno deberá pagar los gastos de su
defensa en esa última vista y en la primera audiencia en el
tribunal de primera instancia londinense, quedando exento de las
otras dos. Así, según estimaciones, el dictador tendrá que pagar
unos 400 millones de pesetas mientras que el resto, 1.100 millones,
correrán a cargo de los contribuyentes.
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