La Comisión Europea decidió ayer enviar ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) al Gobierno Portugués
por no retirar su veto a la operación entre el Banco Santander
Central Hispano (BSCH) y el grupo Champalimaud, al considerar que
está infringiendo el Derecho comunitario en materia de competencia.
Ya lo había advertido el comisario europeo de la Competencia,
Mario Monti, el pasado 13 de octubre: «Esta es la última
oportunidad para que Portugal olvide sus discursos y simplemente
cumpla sus obligaciones como Estado miembro». Y es que, según
afirmó, «lleva cuatro meses ignorando el Derecho comunitario».
Dicho y hecho. Bruselas decidió ayer enviar al Gobierno luso al
Alto tribunal europeo por vetar la operación entre el gigante
bancario español y el grupo portugués.
La Comisión Europea decidió aquel día enviar un dictamen
motivado contra el Gobierno portugués -como segunda fase del
procedimiento de infracción abierto el pasado 8 de septiembre- por
no haber suspendido el veto, y dio un plazo de una semana o para
dar una respuesta satisfactoria a Bruselas o para retirar dicho
veto. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido y el Colegio de
Comisarios ha tomado cartas en el asunto.
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