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MARÍA AZPIAZU-WASHINGTON La propuesta estadounidense fue realizada por el embajador Luis Lauredo después de que el jefe de la Misión Observadora de las elecciones en Perú, el ex-canciller guatemalteco Eduardo Stein, anunciara ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que el proceso había sido «irregular». Stein reiteró que este proceso había estado lejos de ser «libre y justo» y consideró que el mismo «enfrentó y enfrenta una severa crisis de credibilidad». Además, las conclusiones de la misión de observadores de la OEA consideran que el presidente Fujimori ha invadido el resto de poderes de Perú, el legislativo y el judicial.

Inmediatamente después del informe de Stein, Lauredo consideró que los «ataques a la democracia son más sutiles que nunca y por tanto más peligrosos» e indicó que la situación en Perú merece la aplicación de la Resolución 1080, que es el mecanismo que la OEA tiene para atajar las interrupciones abruptas del orden institucional. La Resolución implorada por EE UU proponía enfocar el tema bajo la amenaza de sanciones contra Perú. Lauredo pidió por tanto que, el próximo fin de semana, aprovechando que los cancilleres de las Américas se van a reunir en Windsor, Canadá, con motivo de la Asamblea General, se convoque una «reunión ad-hoc» para tratar el asunto peruano dentro de la Resolución 1080.

Pero la pretensión no tuvo eco en sus colegas, quienes -a excepción de Costa Rica, que sí la consideró- coincidieron en expresar su preocupación por las irregularidades registradas en el proceso electoral peruano pero a continuación se refirieron al debido respeto al «principio de no intervención en los asuntos internos de otros países». Tras una prolongada ronda de intervenciones, Lauredo terminó por renunciar a la invocación de la Resolución 1080 y sumarse al consenso evidenciado de que el problema se trate en Windsor, pero no en una reunión «ad-hoc» y tampoco en el de una «reunión de consulta», otra modalidad de reunión para casos urgentes propuesta por Guatemala.