Con opiniones que abarcan desde el respaldo más entusiasta al
rechazo tajante recibieron los chilenos el acuerdo alcanzado ayer
por la Mesa de Diálogo que durante nueve meses buscó fórmulas para
superar las divisiones provocadas por las violaciones de los
derechos humanos y en el que el Ejército se compromete a estudiar
qué pasó con los detenidos y desaparecidos durante la dictadura de
Pinochet.
La existencia del acuerdo, que según el presidente Ricardo Lagos
«no establece una historia oficial», fue confirmada por el ministro
de Defensa, Mario Fernández, quien después entregó el texto a
Lagos. El acto, al que asistieron los comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas y los máximos representantes de los sectores
religiosos, académicos, científicos e intelectuales, se desarrolló
mientras afuera de la sede gubernamental se manifestaban en contra
del acuerdo los familiares de las víctimas.
«No nos sumamos a ese acuerdo, pues no representa nuestro
interés por conocer la verdad y aplicar justicia a los autores de
las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar»,
dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos. Según el acuerdo, la búsqueda de
información acerca de los desaparecidos estará a cargo del
Ejército, que dispondrá para ello de un plazo de seis meses y cuya
tarea será secreta, con reserva absoluta de las fuentes.
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