En sólo 34 horas y en medio de las protestas de los familiares de
las víctimas, el Parlamento chileno aprobó el proyecto de ley que
establece reserva de identidad para quienes entreguen información
sobre el paradero de los desaparecidos durante la dictadura
(1973-1990). La polémica de la iniciativa surgió al dar cobertura a
los que informen, ya que al salvaguardarse su identidad los
informantes pueden haber incurrido en delito pero éstos quedarán
impunes al desconocerse su nombre.
Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado aprobó,
por 43 votos a favor y una abstención, la ley que garantiza el
anonimato, por un plazo de seis meses, a quienes entreguen
información sobre los desaparecidos. El senador de la Democracia
Cristiana Jorge Lavandero fue el único en la Cámara Alta que no
respaldó esta iniciativa, que es fruto del acuerdo alcanzado la
semana pasada, tras nueve meses de trabajo, por la Mesa de Diálogo
sobre los Derechos Humanos que impulsó el Gobierno.
Antes, y tras cinco horas de un debate interrumpido por los
gritos y consignas de medio centenar de familiares de las víctimas
que finalmente fueron desalojados del hemiciclo, los diputados
aprobaron por 105 votos a favor y cuatro abstenciones el proyecto.
Tres parlamentarios de la Democracia Cristiana y uno del
socialdemócrata Partido por la Democracia prefirieron no
pronunciarse en esta ocasión.
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