El Bundesrat (Cámara Alta) se despide de Bonn con una sesión en la
que se aprobó la reforma fiscal, las indemnizaciones a los
trabajadores forzados del nazismo y la entrada de informáticos de
países no comunitarios. Pese a ser la última sesión en la capital
provisional, fueron pocos los minutos dedicados a los recuerdos y
al valor simbólico del momento, pues más de ochenta puntos del día
«guardaban cola» para ser debatidos.
La maratoniana jornada de ayer y última antes de la pausa
estival, alcanzó su punto culminante con las discusiones de la
reforma fiscal, cuyo resultado favorable a la propuesta del
gobierno socialdemócrata-verde no se pudo dar por hecha hasta el
momento de la votación. El respaldo de los estados federados
«neutrales», aquellos con coaliciones entre conservadores y
socialdemócratas, demostró quizás que el Bundesrat mantiene su
«espíritu» federal, en el que los representantes priman los
intereses de sus regiones por encima de la fidelidad de partido.
Los delegados de los dieciséis estados federados dieron
unánimemente la luz verde final a la ley de indemnización para los
trabajadores forzados del nazismo, con la que Alemania quiere
saldar una de las últimas «cuentas pendientes» con su pasado más
oscuro.
La Unión Cristianodemócrata (CDU), principal partido de
oposición en Alemania, acusó al gobierno del canciller Gerhard
Schroeder de haber «comprado» la aprobación del proyecto de reforma
fiscal en la Bundesrat. «La aprobación se compró aunque los
gobiernos regionales en los que participa la CDU y que votaron por
la reforma no me revelaron cuál había sido el precio», aseguró el
jefe del grupo cristianodemócrata, Friedrich Merz. Merz estuvo al
frente de quienes pedían un rechazo en el Bundesrat al proyecto de
reforma fiscal y se había declarado confiado en que todos los
gobiernos regionales en los que participa la CDU seguirían su
línea.
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