El Gobierno francés abrió ayer la vía a la futura concesión de
importantes poderes a Córcega, sujeta a una doble reforma de la
Constitución y al restablecimiento «duradero de la paz civil» en la
conflictiva isla mediterránea.
La propuesta del Gobierno del socialista Lionel Jospin fue
entregada a los representantes de la Asamblea corsa que, de forma
mayoritaria, habían reclamado, en base a un calendario de cuatro
años, un poder legislativo propio no controlado por el Parlamento,
y una colectividad territorial única, con la supresión de los dos
departamentos actuales. Jospin, quien había indicado que quería
evitar una reforma de la Carta Magna al no contar con la mayoría
necesaria para conseguir su ratificación por las dos cámaras del
Parlamento, pone ahora la mirada en el 2004. Es decir, dos años
después de las elecciones legislativas y presidenciales, en las que
presumiblemente rivalizará con el actual presidente, el
neogaullista Jacques Chirac, por el Elíseo.
El plan presentado ayer propone dar a Córcega un «poder de
adaptación de medidas legislativas» y la creación de una
colectividad territorial única, dos medidas que requerirán sendas
modificaciones de la Constitución. El Gobierno subrayó que para
esas «revisiones constitucionales» haría falta «el acuerdo de los
poderes públicos existentes en ese momento», así como «el
restablecimiento duradero de la paz civil» en Córcega. La
propuesta, que va mucho más lejos que las anteriores, fue trazada
en medio de las veladas amenazas de dimisión del titular de
Interior, Jean-Pierre Chevenement, si Jospin daba a Córcega un
poder legislativo, porque sería «el fin de la República», y de las
amenazas no tan veladas de los nacionalistas de reanudar los
atentados.
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