Los políticos franceses observan con inquietud cómo se ha acelerado
vertiginosamente la investigación judicial de supuestos casos de
financiación irregular de partidos, blanqueo de dinero y venta de
armas, que salpican a destacados personajes.
Las confidencias póstumas a finales del pasado septiembre de
Jean-Claude Méry, un presunto ex «financiero oculto» del
neogaullista RPR, parecen haber actuado como nuevo carburante para
los jueces instructores del sumario sobre supuestas adjudicaciones
de obras irregulares en escuelas de la región parisiense.
El reciente procesamiento en cadena de los ex responsables
oficiales u oficiosos de finanzas del RPR del presidente francés,
Jacques Chirac y del Partido Socialista (PS) del primer ministro,
Lionel Jospin, ha puesto en una situación embarazosa a dos de las
cabezas más visibles del Estado. Ante el creciente número de voces
que demandan explicaciones, Chirac y Jospin han optado por dar la
callada por respuesta.
Según los analistas, ambos habrían llegado a un pacto tácito
para velar armas hasta después de la cumbre europea de Niza, por
cuyo resultado será juzgada la presidencia francesa de la Unión
Europea. De los dos es el jefe del Estado quien se encuentra en una
situación más difícil.
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