El Gobierno del presidente guatemalteco, Alfonso Portillo, ha
declarado el estado de calamidad pública en el país, en un intento
de combatir el hambre y la extrema pobreza que se han agravado por
la sequía de este año. La decisión de decretar el estado de
calamidad pública (uno de los cinco estados de excepción que
establece la Constitución) la tomó Portillo el pasado lunes en la
reunión del Consejo de Ministros. La medida ha entrado en vigor
inmediatamente para un periodo de 30 días, pero el Congreso
Legislativo tendrá que ratificarla dentro de las próximas 48 horas.
Los municipios azotados por la hambruna son Camotán y Jocotán,
en el departamento oriental de Chiquimula, donde 41 personas, entre
ellos doce niños, han muerto este año a causa de la desnutrición.
De acuerdo con los datos de la Cruz Roja guatemalteca, Jocotán, a
unos 190 kilómetros de la capital, registró entre enero y junio
pasados 175 casos de desnutrición infantil y su vecino Camotán, 249
en el mismo periodo. No obstante, de acuerdo con Pérez, la
disposición abarcará a toda Guatemala porque la escasez de
alimentos afecta al resto del país, donde más del 80 por ciento de
los 11'5 millones de habitantes viven en situación de pobreza y
extrema pobreza.
El decreto emitido por el Gobierno indica que mientras dure el
estado de calamidad se tomarán medidas urgentes para atenuar los
efectos de la crisis por la sequía, especialmente en Jocotán y
Camotán. De forma directa han empezado a intervenir los ministerios
de Agricultura, Salud, Educación y Trabajo, así como el Instituto
de Fomento Municipal. El Gobierno prevé poner en marcha programas
de ayuda en semillas, fertilizantes, plaguicidas y riego, para la
reposición de los cultivos dañados por la falta de lluvia, así como
jornadas de vacunación, atención contra la desnutrición. Pérez
afirmó que el Gobierno pedirá la ayuda de la comunidad
internacional.
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