El presidente Eduardo Duhalde pretende que el proyecto, que empezó
a ser debatido por la Cámara de Diputados, sea aprobado por los dos
cuerpos legislativos durante este fin de semana. El nudo central
del plan está en las facultades especiales que ha pedido el
Ejecutivo para terminar con la paridad de «uno a uno» entre el peso
y el dólar estadounidense, tras más de diez años de cambio fijo.
Ante ese previsible cambio de las normas que han regido la economía
argentina desde 1991, el Gobierno ha propuesto una serie de medidas
para no perjudicar a las personas y pequeñas empresas endeudadas en
dólares y evitar así que la alteración del tipo de cambio abra paso
a la inflación.
Pero las compensaciones propuestas por las autoridades han
puesto en guardia a la banca y a las grandes empresas privadas
concesionarias de los servicios públicos, debido a que constituyen
cambios en las reglas del juego sobre las que fueron pactados los
contratos. Eduardo Amadeo, portavoz del Gobierno, denunció ayer
«fuertes presiones» de parte del sector financiero y las empresas
de servicios, que temen verse afectados por la devaluación y las
medidas económicas que analiza el Parlamento.
El debate del proyecto se produce después de más de un día de
indefiniciones, y de que el Gobierno argentino del peronista
Eduardo Duhalde reelaborara ayer el proyecto de ley de emergencia
pública que le permitirá decretar una devaluación, modificar
contratos con empresas privatizadas de servicios públicos, en su
mayoría extranjeras, y crear un impuesto a las exportaciones de
petróleo. Esas medidas tendrán un fuerte impacto negativo en
compañías españolas, especialmente Repsol-YPF, que domina el
mercado de combustibles, y en Telefónica. El nuevo texto, que fue
remitido al Parlamento ayer, fue retocado por Duhalde y por el
ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, a partir de las quejas
de legisladores peronistas y de la oposición que ayer obligaron a
postergar un día el debate de la ley.
El Gobierno agregó al proyecto la sanción de un impuesto
extraordinario al envío de hidrocarburos al exterior, que afectará
durante cinco años a las empresas petroleras. Además del impuesto,
cuya cuantía será fijada por el Poder Ejecutivo, se establecerán
precios máximos para el combustible, con lo que las empresas
petroleras podrían perder capacidad de recaudación. Con ese fondo
se financiará una compensación a los bancos por las pérdidas que
les generaría la conversión a pesos de las deudas hipotecarias
tomadas por particulares por montos inferiores a 100.000 dólares,
explicó el diputado peronista Jorge Obeid.
Esa medida quedó especificada en el nuevo texto de la ley y
apunta a moderar el fuerte impacto negativo que tendrá en la
población el fin de la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, que
rigió la vida económica argentina durante 11 años. Duhalde reclama
en el proyecto facultades extraordinarias para fijar por decreto un
nuevo tipo de cambio, que se establecería en principio en 1'40
pesos por dólar. Con esos poderes especiales pretende también
suprimir por futuros decretos algunas cláusulas de los contratos
con las compañías privatizadas de servicios públicos, de modo que
no puedan aumentar las tarifas de acuerdo con el valor del
dólar.
Repsol, principal perjudicada si sale adelante el
impuesto a las petroleras
Las empresas petroleras con presencia en Argentina deberán tributar
un 40% de sus ingresos por exportaciones de crudo, para financiar
un fondo de compensación que se otorgará a los bancos que
refinancien deudas de clientes afectados por la devaluación. Uno de
los principales afectados será la petrolera española Repsol-YPF que
acapara más del 70% de las exportaciones de hidrocarburos desde
Argentina, por lo que será la principal perjudicada por esa
medida.
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