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El presidente palestino, Yaser Arafat, ordenó ayer el arresto de todos los funcionarios y agentes de la ANP que están presuntamente vinculados con un cargamento ilegal de armas que fue interceptado por Israel a bordo del navío «Karine A». Arafat aceptó así las recomendaciones de la «comisión interna» de investigación que él mismo creó el lunes pasado, en respuesta a las presiones internacionales para aclarar cuál era el destino de las armas y quiénes las habían comprado.

La orden de arresto será aplicable a los tres funcionarios a quienes Israel responsabiliza del cargamento -Fuad Shubeiki, Fathi Razem y Adel al-Mugrabi-, aunque será extensiva a cualquier otra persona que la comisión considere implicada en los hechos, señala un comunicado oficial palestino difundido anoche. Shubeiki es el encargado de adquisiciones militares en la ANP, Razem es el subjefe de la Policía naval y al-Mugrabi es miembro del movimiento Al-Fatah, que preside Arafat. El comunicado señala que la orden de arresto cuenta con la aprobación del procurador general palestino, aunque por el momento no se ha informado de si los tres presuntos implicados han sido ya detenidos.

El «Karine A» fue interceptado por comandos submarinistas israelíes el pasado día 3, en el Mar Rojo, con unas 80 toneladas de armas prohibidas por los Acuerdos de Oslo, y tenía como destino la Franja de Gaza. Israel asegura que la ANP adquirió en Irán el cargamento, valorado en unos 16 millones de dólares, y que el líder palestino tenía conocimiento de la operación.

Arafat, que ha negado cualquier relación de él o de la ANP con las armas, anunció la creación de una «comisión interna» para investigar las acusaciones israelíes, tras una entrevista que tuvo con el representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Javier Solana. El Gobierno de la ANP exhortó ayer a Israel a colaborar con la investigación palestina «en base a consideraciones legales y no políticas» para descubrir la verdad de los hechos «sin objetivos propagandísticos». Asimismo, se invoca a la colaboración de EE UU, la UE y el resto de la comunidad internacional para asistir en la investigación.

El primer ministro israelí, Ariel Sharon, aseguró ayer que el presidente palestino no abandonará la ciudad de Ramala, en la que está confinado desde hace más de un mes, hasta que arreste a los responsables del cargamento de armas y también a los presuntos asesinos del ministro israelí de Turismo, el ultraderechista Rejabam Zeevi. Por otra parte, el Ejército israelí arrestó a doce militantes palestinos en Cisjordania y Gaza como parte de sus operaciones en respuesta a la muerte de cuatro soldados israelíes a manos de integristas islámicos.