Miles de argentinos protagonizaron la madrugada del sábado una
nueva edición del «cacerolazo», al salir a las calles de las
principales ciudades del país para repudiar a la clase política, el
«corralito financiero» y la Corte Suprema de Justicia. A diferencia
de los tres grandes «cacerolazos» del último mes y medio, este no
se realizó de forma espontánea, como los anteriores, sino que fue
convocado por asambleas populares de los barrios y sin que mediase
ningún tipo de representación política y sindical. Cuatro horas
después de iniciada la protesta, las autoridades policiales no
habían informado sobre incidentes graves, aunque una veintena de
manifestantes y policías sufrieron heridas y cerca de setenta
personas fueron detenidas cuando se procedía a dispersar la
manifestación.
El tan temido «viernes negro» en que podía convertirse esta
protesta multitudinaria, según las expresiones de funcionarios del
Gobierno de Eduardo Duhalde, dio paso a manifestaciones pacíficas
en todos los puntos del país. El portavoz presidencial, Eduardo
Amadeo, había expresado la preocupación de que se repitieran «actos
de vandalismo» como los ocurridos tras los anteriores
«cacerolazos», cuando jóvenes exaltados destrozaron bancos e
incluso asaltaron la sede del Parlamento y quemaron parte de su
mobiliario. El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, quiso
dejar claro que el Gobierno sería «inflexible» con quienes
cometieran actos de violencia.
Los vecinos de Buenos Aires y de muchas ciudades del país, sin
embargo, respondieron con una demostración enérgica pero
absolutamente pacífica. «Somos trabajadores que venimos a defender
el futuro de nuestros hijos y no a generar disturbios», señaló uno
de los manifestantes, que caminaba golpeando su cacerola desde su
barrio hasta la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa de
Gobierno. Ese fue el punto elegido por miles de vecinos de la
capital argentina para concentrarse luego de iniciar la
demostración en sus barrios, a cuyas calles salieron jóvenes,
ancianos y parejas con sus niños en brazos. «Si llueve, si llueve,
el pueblo no se mueve», gritaban los vecinos movilizados en la
Plaza de Mayo.
Las quejas de los manifestantes apuntan fundamentalmente contra
la legitimidad del presidente Eduardo Duhalde, quien asumió su
cargo el pasado 1 de enero tras ser elegido por una Asamblea
Legislativa, contra el denominado «corralito financiero» que
mantiene encerrados los ahorros de millones de argentinos y contra
los integrantes del máximo tribunal del país, a quienes se reclama
la dimisión. En la Casa Rosada, en tanto, apenas permanecieron unos
pocos funcionarios, entre ellos dos ministros, debido a que las
autoridades permitieron que se realizara la salida anticipada del
personal administrativo.
Tanto las sedes del Gobierno como la del Parlamento y la avenida
que las comunica fueron fuertemente custodiadas por la policía, que
colocó múltiples vallas para prevenir eventuales brotes de
violencia. Ningún integrante del Gobierno reaccionó públicamente
tras iniciarse el «cacerolazo».
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