La inminencia de un juicio político a la Corte Suprema «fue lo que
originó este tema del fallo», aseguró ayer el presidente Eduardo
Duhalde. La afirmación de Duhalde, realizada tras otra de su
ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, que el domingo tachó de
«irresponsable» al máximo tribunal, se produce cuando acaba de
iniciar su trabajo una comisión creada por el Parlamento para
determinar si es pertinente un juicio político a la Corte Suprema.
También coincide con la entrada en vigor de un plan ideado por
el Gobierno para revertir «cuatro años de decadencia», que contiene
medidas de alivio de las restricciones financieras conocidas como
el «corralito», pero no las levanta totalmente debido a que los
bancos no pueden devolver los fondos por problemas de liquidez. El
«corralito» fue declarado el pasado viernes inconstitucional por la
Corte Suprema, en un fallo que tomó por sorpresa a todo el mundo, y
que obligó al Gobierno a retrasar el anuncio de las nuevas medidas
e incluso a «reformular» algunas, según admitió Remes.
El fallo, aunque referido al caso concreto de una persona que
inició una batalla judicial para recuperar su dinero retenido en el
«corralito», es inapelable y sienta jurisprudencia. En previsión de
que se produzca una ola de demandas al calor de lo dictaminado por
la Corte, el Gobierno publicó ayer un decreto que suspende durante
seis meses todos los juicios y demandas contra el «corralito» y
contra la conversión a pesos forzosa de los depósitos y deudas en
dólares que contempla el nuevo plan económico.
En este sentido, la legalidad del plan económico del Gobierno
argentino es el tema de discusión que analizarán desde ayer los
tribunales de la República, después de que varios abogados
presentaran varias denuncias cruzadas contra Duhalde y los
integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Mientras, el feriado
cambiario y bancario dispuesto por 48 horas generó un clima de
cierta tranquilidad en el sector financiero, aunque mañana el
Gobierno vivirá su prueba de fuego cuando abran de nuevo los
bancos.
En medio de la pugna entre el poder ejecutivo y el judicial, las
entidades financieras que operan en Argentina deben entregar al
Banco Central (emisor) todos los billetes de dólar u otras monedas
extranjeras que tengan disponibles para su conversión a pesos,
dispuso ayer el Gobierno. La medida, que entró en vigor ayer,
establece que las monedas extranjeras serán convertidas con el tipo
de cambio de 1'40 pesos por dólar.
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