El Gobierno de EE UU anunciará en las próximas semanas una serie de
directrices para restringir la divulgación de investigaciones
científicas, mientras retira del dominio público más de 6.600
documentos sobre la producción de armas químicas y biológicas. La
Administración del presidente George W. Bush implementará una nueva
política sobre el manejo de información secreta para prevenir que
cualquier información sobre la elaboración de armas de destrucción
masiva puedan caer en manos enemigas, según informó ayer el diario
The New York Times.
«Estamos preparando una serie de directrices para que los
terroristas no puedan utilizar en nuestra contra la información que
se produce en este país», dijo al diario Tom Ridge, titular de la
Oficina de la Defensa del Territorio, creada tras los atentados del
11 de septiembre del año pasado. Según el diario, el Gobierno
comenzó a retirar los miles de documentos, de manera muy discreta,
el mes pasado, y su número podría aumentar con la puesta en marcha
de la nueva política, que no tiene precedentes.
Ridge aseguró que el Gobierno ha realizado diversas consultas
con la comunidad científica. No obstante, algunos críticos de la
medida señalan que ésta dificultará la labor de los científicos, a
la hora de evaluar y replicar los resultados de sus colegas, lo que
atentará contra los cimientos de la ciencia en EE UU.
El principal temor de los científicos es que, en aras de mejorar
la seguridad de informaciones secretas, el Gobierno impedirá el
avance en las investigaciones que se realizan sobre sustancias
peligrosas y que podrían contribuir a la búsqueda de antídotos y
nuevos descubrimientos. Los documentos federales, que antes estaba
a disposición del público de forma gratuita, incluyen informes
desclasificados de los años 40, 50 y 60, además de otros más
recientes que, en opinión de las autoridades, no debían permanecer
ocultos.
El Centro de Información Técnica sobre Defensa, la agencia del
Pentágono que tiene la custodia de los documentos afectados, indicó
al diario que se realizarán consultas con expertos científicos para
determinar si estos documentos podrán, algún día, retornar al
dominio público o permanecer como «secreto de Estado».
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