Un día después de que ser procesada por obstrucción a la justicia,
la corporación Arthur Andersen recibió ayer otro mazazo, al
anunciar el Gobierno de Estados Unidos que a partir de ahora no
hará más negocio con esa corporación. La decisión, tomada por la
Administración General de Servicios, es significativa no sólo por
el aspecto puramente económico sino también por la importante
pérdida de credibilidad y prestigio que representa para la firma de
auditoría y consultora.
El procesamiento es «una prueba adecuada de una mala conducta
que respalda la suspensión como contratista del Gobierno», afirmó
la Administración General de Servicios (GSA) de EE UU en una acción
que afecta no sólo a Andersen sino también a Enron y varios
ejecutivos. En el comunicado, la GSA explica que tomó la decisión
por entender que su conducta y las irregularidades internas que se
han producido dentro de la compañía «afectan seriamente» a su
capacidad de recibir contratos gubernamentales de todo tipo.
La suspensión es el último indicio de la rápida descomposición
de la compañía que ha perdido más de 40 clientes en las últimas
semanas e incluso algunas de sus divisiones externas, como
Andersen-España, han anunciado ya su desvinculación del grupo
mundial. Coincide con la aceleración de las conversaciones para
intentar ser adquirida en su totalidad o por partes por alguna otra
empresa de la competencia.
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