La plaza San Carlo de Turín se vio abarrotada de manifestantes.

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La primera huelga general en los últimos veinte años estaba motivada, según las centrales, por la pretensión del Ejecutivo de llevar adelante varias medidas de carácter económico, fiscal y laboral, entre ellas la cancelación del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe el despido sin causa justificada. Las escuelas, que permanecieron cerradas, las oficinas bancarias y postales y, sobre todo, el transporte, fundamental en una iniciativa de paro sindical, fueron los sectores en los que se apreció con mayor intensidad la convocatoria. Numerosos vuelos fueron cancelados en los aeropuertos, así como trayectos ferroviarios y por carretera, mientras los periodistas se unían a la huelga mayoritariamente, con la emisión sólo de dos tandas informativos de radio y televisión de pocos minutos y la salida a la calle de pocos diarios.

No obstante, en las grandes ciudades abrieron las tiendas de pequeñas dimensiones y los cafés. Según datos facilitados por los sindicatos, en la huelga participaron más de trece millones de trabajadores por cuenta ajena, de los cerca de quince millones con los que cuenta Italia. Ello supone cerca del noventa por ciento, aunque las organizaciones empresariales apuntaron que en la industria la participación en el paro había sido del sesenta por ciento. Al mismo tiempo, en diferentes ciudades italianas se desarrollaron manifestaciones a las que asistieron más de dos millones de personas, según los sindicatos, mientras la Policía redujo a menos de la mitad la presencia de manifestantes.

«El país se ha parado», declaró el líder del primer sindicato italiano (CGIL), Sergio Cofferati, quien junto a sus compañeros Savino Pezzota (CISL) y Luigi Angeletti (UIL) se mostró satisfecho del grado de participación en la huelga. El propio Pezzota, cuyo sindicato es cercano al centroderecha de Berlusconi, se dirigió al Gobierno para decir que «han perdido la apuesta. Pensaban que la huelga no saldría adelante».

Los dirigentes sindicales aseguraron que si el Ejecutivo no cambia sus planteamientos «no nos pararemos aquí» y pidieron que reabra una negociación que parta del mantenimiento del artículo 18 del Estatuto en sus actuales términos. Se trata de una fuerte crítica a la política económica del Gabinete, al que solicitan que reflexione porque «han de saber que no nos detendremos hasta que no hayamos conseguido nuestros objetivos», en palabras de Cofferati. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se mostró ayer partidario del diálogo social tras la jornada de huelga general, pero subrayó que las reformas que promueve su Gobierno son «necesarias». «La voluntad del Gobierno es el diálogo, pero las reformas son necesarias», dijo Berlusconi.