La Cámara de Diputados italiana aprobó ayer, con los votos
favorables de la mayoría conservadora, una nueva y restrictiva ley
de inmigración, conocida como Fini-Bossi, duramente contestada por
la oposición de centroizquierda, que la considera «racista e
inconstitucional».
El texto, que obtuvo 279 votos a favor y 203 en contra, impone
severas restricciones al ingreso de extranjeros en Italia, pues
sólo podrán entrar quienes lleguen con un contrato de trabajo y por
su período de vigencia. Por primera vez se contemplan penas de
cárcel para los que sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente
en el país, al crearse el delito específico de «inmigración
clandestina».
La ley, que ha sufrido diversas modificaciones respecto a la que
pasó en primera lectura el Senado el pasado mes de febrero, debe
volver ahora a la Cámara Alta para su aprobación definitiva, lo
que, gracias a la mayoría conservadora, se espera que se produzca
sin grandes cambios.
Entre las medidas polémicas que introduce, figura la toma de
huellas digitales a todos los inmigrantes ajenos a la Unión Europea
(UE) que pidan o renueven el permiso de estancia así como el uso de
naves de la Armada para tratar de frenar los continuos desembarcos
de indocumentados en las costas del sur del país.
La aprobación de la ley es considerada un triunfo del ala más
conservadora de la coalición que lidera Silvio Berlusconi, en
especial de la postfascista Alianza Nacional y la ex secesionista
Liga Norte, cuyos dos líderes, el vicepresidente Gianfranco Fini y
el ministro para las Reformas, Umberto Bossi, le dan nombre.
El debate parlamentario tuvo momentos de tensión en las últimas
semanas, con un gran disenso en el interior de la mayoría, y ayer
los diputados de signo contrario llegaron al intercambio de
insultos.
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