La polémica sobre la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de
exculpar del delito de rebelión a cuatro jefes militares golpistas
se trasladó ayer a la Asamblea Nacional (AN), que abrió un debate
sobre las responsabilidades políticas de quienes participaron en la
asonada del 11 de abril.
Las intervenciones de los parlamentarios preceden a la votación
del informe que la AN elaboró durante 90 días sobre el
derrocamiento del presidente Hugo Chávez y la subida al poder, por
unas horas, del empresario Pedro Carmona, prófugo y exiliado en
Colombia. Los diputados de oposición aprovecharon la ocasión para
alabar la decisión del Supremo mientras que los oficialistas lo
hicieron para calificarla de «burla a la justicia».
El informe no tendrá implicaciones penales y quienes resulten
«condenados» en él sólo lo serán en el orden político. Mientras las
exposiciones se sucedían en la Asamblea, y salvo en lugares muy
puntuales del centro de Caracas donde simpatizantes del Gobierno
protestaban contra la decisión del Supremo, la normalidad volvió a
la capital tras los incidentes del miércoles, en los que, según la
Defensoría del Pueblo, se informó de 15 heridos, dos de ellos por
disparos de bala.
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