El Parlamento italiano dio ayer su visto bueno a un decreto
antiterrorista elaborado por el ministro del Interior, Giuseppe
Pisanu, que incluye medidas para reforzar la seguridad y prevenir
posibles atentados en Italia.
A partir de ahora, la policía podrá detener a sospechosos para
verificar su identidad por un periodo de hasta 24 horas, en lugar
de las doce actuales, mientras que los poseedores de documentos
falsos estarán sujetos al arresto obligatorio y se podrá expulsar a
extranjeros por motivos de «orden público».
La nueva normativa fue aprobada con 385 votos a favor, 20 en
contra y una abstención, tras un debate en la Cámara de Diputados
que fue especialmente rápido por la «urgencia», según Pisanu, de
poner en marcha las disposiciones.
También se utilizarán más miembros de las fuerzas de seguridad
para tareas de investigación y prevención, habrá mayores controles
de las mezquitas y centros islámicos y las autoridades podrán
acceder sin restricciones a los bancos de datos telefónicos y
telemáticos.
Además, los miembros de las Fuerzas Armadas que estén a cargo de
la vigilancia de posibles objetivos terroristas podrán detener y
registrar a sospechosos, lo que normalmente es competencia de la
policía. Se estrecharán los controles sobre armas y explosivos, al
tiempo que se tomarán muestras de ADN de aquellos sospechosos que
no posean documentos que faciliten su identificación.
Para alentar a la colaboración de los inmigrantes clandestinos
con la policía, aquellos extranjeros que proporcionen a las
autoridades información útil en investigaciones antiterroristas
recibirán de forma automática el permiso de residencia.
Por otra parte, se endurecerán las penas contra quienes circulen
por lugares públicos con el rostro cubierto, lo que en la práctica
prohíbe en Italia el uso del burka y de ciertos tipos de chador,
con penas que van hasta dos años de cárcel y 2.000 euros de
multa.
La normativa modifica además el código penal para introducir los
delitos de reclutamiento con fines de terrorismo (castigado con
penas de hasta quince años de prisión) y de adiestramiento para
actividades con fines terroristas (hasta diez años).
En los últimos días, Pisanu y el propio primer ministro, Silvio
Berlusconi, dijeron que sobre el país se cierne el riesgo de
atentados, aunque insistieron en que las autoridades están en
máxima alerta y se han extremado las precauciones. Pisanu se mostró
«profundamente satisfecho» por la respuesta unitaria de la Cámara a
estas medidas.
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