Charles Clarke, ministro de Interior británico, cree que la decisión no afecta a su política antiterrorista.

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El máximo tribunal del Reino Unido, los Jueces Lores, fallaron ayer que las pruebas contra presuntos terroristas extraídas mediante métodos de tortura en otros países no podrán utilizarse en los tribunales británicos. «La tortura es un mal absoluto que nunca puede justificarse. Al contrario, debe ser siempre castigado», subrayó Lord Brown, uno de los siete magistrados implicados en el veredicto, quienes votaron por unanimidad contra el uso de ese tipo de evidencias.

Otro juez, Lord Carswell, emitió una opinión aún más contundente: «El deber de no tolerar el uso de tortura como admisión de prueba en procedimientos judiciales -dijo- debe considerarse una prioridad, ya que permitir esa admisión conmocionaría a la conciencia».

El dictamen de los Jueces Lores sienta un importante precedente judicial y tiene una consecuencia inmediata: el Ministerio del Interior deberá revisar la situación de ocho sospechosos de terrorismo extranjeros a la espera de que las autoridades británicas procedan a su deportación.

Los Jueces Lores, que se sientan en la Cámara Alta del Parlamento, examinaron el recurso presentado por esos ocho individuos, considerados una amenaza para la seguridad nacional y arrestados sin cargos en aplicación de la ley antiterrorista.

Entre esos imputados se encuentra, al parecer, el clérigo musulmán radical Abu Qatada, de origen jordano y considerado el «embajador» de la red terrorista Al Qaeda en Europa.

Los sospechosos, apoyados por varias organizaciones pro derechos humanos, impugnaron ante los Lores un fallo de la Corte de Apelación del Tribunal Superior de Londres, que el pasado año se pronunció a favor del uso de información lograda con métodos ilegales siempre que no exista implicación alguna de las autoridades británicas.

Los ocho demandantes sostienen, entre otros argumentos, que el Reino Unido no debe admitir evidencias obtenidas en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), donde están recluidos cientos de presuntos terroristas sumidos en un limbo legal.